El miedo del régimen chavista a la observación internacional de las elecciones en Venezuela

Venezuela es un país que ha vivido una profunda crisis política, social y económica en las últimas dos décadas, marcada por el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición democrática. En este contexto, las elecciones han sido un escenario de disputa y controversia, donde la transparencia, la equidad y la legitimidad han estado en entredicho.

Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional ha sido la presencia de observadores internacionales que puedan verificar el cumplimiento de las normas electorales y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, alegando que se trata de una injerencia externa en sus asuntos internos.

“Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección”. Así respondió esta semana el régimen de Nicolás Maduro a la renovación, hasta mayo de 2024, del paquete de sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por contribuir en el “deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” en el país caribeño.

Jorge Rodriguez pidió el levantamiento de sanciones de la Unión Europea.

Las restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión, así como la prohibición de entrada y el congelamiento de activos a 54 funcionarios vinculados al chavismo.

La relación entre la Unión Europea (UE) y la dictadura venezolana ha sido una de las más complejas y conflictivas en el ámbito internacional. Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, con su discurso socialista y antiimperialista, la UE ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político venezolano, al tiempo que ha buscado preservar los canales de cooperación y diálogo.

Pese a las continuas amenazas del régimen venezolano, el bloque europeo ha expresado su preocupación por la sistemática violación de los derechos humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa el país. Además, ha condenado la represión de las fuerzas de Maduro, especialmente durante las protestas de 2014 y 2017, que dejaron más de 160 muertos y miles de heridos y detenidos.

Pero, sin duda, una de las acciones que más rechazo ha causado dentro de la cúpula chavista es el cuestionamiento por parte de Europa de las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelecto con una participación que apenas llegó al 46,02% y con numerosas denuncias de fraude.

Para ese año, la Unión Europea no envió una misión de observación electoral oficial. Esta decisión se debió a las preocupaciones sobre la falta de condiciones para unas elecciones libres y justas, así como a la negativa del régimen a permitir una observación internacional independiente.

Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, con su discurso socialista y antiimperialista, la UE ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político venezolano.

La ausencia de una misión de observadores electorales hizo que varios países y organizaciones, incluyendo el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), expresaran que en Venezuela no existen condiciones justas para competir electoralmente. Tras la reelección de Maduro, se intensificaron las sanciones y el aislamiento diplomático del país.

Algunos de los principales organismos que han actuado como veedores del proceso electoral venezolano son la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).

Desde su aprobación en 1989 por todos los estados miembros de la OEA, las Misiones de Observación Electoral (MOE) se han convertido en un pilar fundamental para la promoción y el fortalecimiento de la democracia representativa en el continente. Estas misiones, que operan exclusivamente por invitación del gobierno anfitrión, han sido desplegadas en múltiples ocasiones en la mayoría de los países miembros durante los últimos 20 años.

Sin embargo, países como Venezuela y Nicaragua han rechazado la observación internacional del organismo, optando en su lugar por “misiones de acompañamiento”, invitadas por las autoridades electorales locales. Estas misiones alternativas, a menudo financiadas por el gobierno de turno, han sido criticadas por su falta de independencia y libertad para evaluar de manera objetiva el proceso electoral, así como por la obligación de mantener en confidencialidad sus opiniones o informes.

La negativa de estos regímenes a aceptar la observación internacional de la OEA ha generado interrogantes sobre su compromiso con los principios democráticos establecidos en la Carta Democrática Interamericana de 2001.

Desde su aprobación en 1989 por todos los estados miembros de la OEA, las Misiones de Observación Electoral (MOE) se han convertido en un pilar fundamental para la promoción y el fortalecimiento de la democracia representativa en el continente.

La OEA fue el primer organismo internacional en observar las elecciones venezolanas hasta el año 2006, cuando Hugo Chávez decidió retirar al país del mecanismo de observación electoral de la organización, alegando injerencia e intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Desde entonces, el organismo ha denunciado la falta de condiciones democráticas y la violación de los derechos humanos en el país caribeño.

La Organización de Estados Americanos reconoció el triunfo de Chávez ese año, pero también expresó su preocupación por el uso de los recursos públicos y los medios de comunicación por parte del oficialismo, la falta de equilibrio e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la intimidación y el hostigamiento a la oposición.

En el año 2012, la OEA y el Centro Carter no fueron invitados a observar las elecciones presidenciales, en las que Chávez obtuvo su última victoria con el 55% de los votos frente al candidato opositor Henrique Capriles. El régimen sólo aceptó la presencia de una misión de Unasur, que elogió el proceso y el comportamiento de los electores. La oposición, sin embargo, denunció irregularidades y abusos de poder.

La Unasur observó las elecciones de 2012, 2013 y 2015 y emitió informes favorables al régimen chavista. Sin embargo ,el organismo entró en una crisis institucional a partir de 2016, cuando varios países miembros suspendieron su participación o anunciaron su retiro, debido a las diferencias políticas y a la falta de consenso sobre la situación de Venezuela.

Otro observador internacional que ha acompañado las elecciones venezolanas es el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una organización conformada por ex magistrados electorales de varios países de la región.

La Unasur observó las elecciones de 2012, 2013 y 2015 y emitió informes favorables al régimen chavista.

El CEELA fue testigo de las elecciones de 2017, 2018 y 2020 y avaló los resultados oficiales.

Sin embargo, la oposición y la comunidad internacional han cuestionado la imparcialidad y la credibilidad de dicho consejo de expertos, al considerar que es una organización cercana a la dictadura venezolana y que no cumple con los estándares internacionales de observación electoral.

En el año 2018, el régimen adelantó las elecciones presidenciales, en las que Maduro fue reelecto con el 68% de los votos, en medio de una alta abstención y de la inhabilitación de los principales líderes opositores. El gobierno solo aceptó la presencia de una misión de observación de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), que fue cuestionada por su parcialidad.

La oposición y la comunidad internacional desconocieron los resultados y los tildaron de ilegítimos y fraudulentos. La OEA y el Centro Carter reiteraron su rechazo al proceso y su apoyo a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 como el único órgano legítimo.

Ya para el año 2020, Venezuela celebró unas elecciones parlamentarias, en las que el chavismo recuperó el control del Parlamento, con una participación del 31% del electorado.

La cúpula de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea, pero esta declinó asistir por considerar que no había condiciones ni tiempo suficientes para garantizar un proceso creíble. La oposición tampoco participó en los comicios, y los calificó de farsa y usurpación.

Para el año 2020, Venezuela celebró unas elecciones parlamentarias, en las que el chavismo recuperó el control del Parlamento, con una participación del 31% del electorado.

La OEA y el Centro Carter se sumaron al rechazo de la comunidad internacional y mantuvieron su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015.

Para las elecciones presidenciales de 2024, cuya fecha aún no se conoce, varios países y organismos internacionales han condicionado el levantamiento de las sanciones contra el régimen chavista a que se cumplan una serie de requisitos, entre los que se encuentran: la actualización del registro electoral permanente, tanto nacional como internacionalmente, con la presencia de testigos y la realización de jornadas de inscripción y actualización de datos; el desarrollo de auditorías y la aceptación de la observación internacional, por parte de la UE, el panel de expertos de la ONU, la Unión Africana e Interamericana, y el Centro Carter, entre otros; la garantía de la participación de todos los actores políticos que lo deseen, respetando la ley, los tratados internacionales vigentes y con acompañamiento internacional; la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier forma de violencia en el ejercicio político y la promoción del equilibrio en los medios de comunicación.

La UE ha manifestado su disposición a acompañar y apoyar este proceso, siempre que se respeten los principios y valores democráticos y se garantice el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro.