CIUDAD DE PANAMÁ. – Un grupo de abogados denunció este martes a los 47 diputados que votaron el pasado 20 de octubre a favor para aprobar el polémico contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals, que ha desatado una severa crisis en el país.
Al menos cinco abogados interpusieron la denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá -por «la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en contra de Roberto Ábrego Torres y otros diputados de la República de Panamá».
Roberto Ábrego es diputado del gobernante PRD y presidente de la comisión que aprobó, en el primero de los tres debates necesarios, ese polémico contrato minero.
La denuncia, recoge que algunos diputados se ausentaron «sin dar explicación alguna a la faz del país» de los debates sobre ese contrato minero en la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), habilitando a sus suplentes.
El documento describe que «son hechos públicos y notorios, y de conocimiento nacional e internacional, la forma en como fue aprobada dicha norma que riñe con diversos artículos de nuestra Constitución Política», pues el Parlamento aprobó de manera expedita ese contrato ley el pasado 20 de octubre, y horas después fue firmada por el presidente del país, Laurentino Cortizo, e inmediatamente divulgada en Gaceta oficial ese mismo día.
Agrega que esos hechos «han sido objeto de diversas acciones de inconstitucionalidad y de la movilización cívica a nivel nacional de una amplia mayoría de la población panameña en rechazo a este lesivo contrato a los intereses de la República de Panamá».
La denuncia penal resalta que en cuentas de redes sociales y medios de comunicación «se puede constatar las actuaciones de las y los diputados en detrimento de nuestra Constitución Política, de los intereses de la Nación y en el incumplimiento de sus deberes y obligaciones como servidores públicos».
Solicitan los estados de cuenta
Ante ello, hicieron el pedido «especial» de «manera urgente» al pleno de la Corte Suprema de Justicia para «solicitar los estados financieros, registros contables, estados de cuentas, depósitos, propiedades y demás transacciones realizadas por cada uno»
Con el fin de «determinar si hay presunto enriquecimiento ilícito o tengan a bien justificar la procedencia de dineros, propiedades y similares durante el tiempo fijado del año 2021 al momento de presentarse la presente denuncia».
El contrato ley incluye una cláusula que indica que, si hay actos de corrupción, como sobornos o comisiones ilegales entre otros, el Estado podrá terminarlo de manera anticipada, así como la empresa «no recibirá ningún tipo de pago por concepto de indemnización por daños o perjuicios».
Panamá cumple este martes dos semanas sumidas en una crisis interna por los bloqueos viales y las mayores protestas callejeras en décadas en contra de ese polémico contrato, que mantienen al país semiparalizado.
El futuro de ese contrato ley está en la decisión de la Corte Suprema, que debe fallar si es inconstitucional o no, después de que los diputados desistieran la semana pasada de derogarlo mediante un proyecto ley.
Los bloqueos en las principales carreteras del país han dejado al menos cuatro fallecidos: dos por atropello y dos este martes después de que una persona abriera fuego contra los manifestantes.
