Este lunes se cumplen dos meses del inicio de las protestas antigubernamentales en Colombia. A lo largo de estas jornadas, el Gobierno de ese país sufrió varios quiebres producto de la presión social y fue cuestionado internacionalmente por la actuación de sus cuerpos de seguridad frente a las denuncias de violación de los derechos humanos de los manifestantes.
Lo que comenzó como un llamado a «paro nacional», el pasado 28 de abril, decantó en una oleada de movilizaciones en varias ciudades del país, más allá de Bogotá, donde participaron integrantes de movimientos sociales, sindicales y feministas; estudiantes y miembros de las comunidades indígenas y afro, entre otros.
A estas acciones de calle, que inicialmente fueron en rechazo al proyecto de reforma tributaria impulsado por el presidente Iván Duque (que posteriormente fue retirado), se le sumaron otras demandas como la intervención del Estado en el sistema de salud; la vacunación masiva frente a la crisis por el coronavirus; la creación de una renta básica mensual para 7,5 millones de familias en situación vulnerable; una política de defensa de la producción nacional y matrícula cero universal, entre otras exigencias.
Estas movilizaciones se realizaron en medio de cifras alarmantes que daban cuenta del impacto de la pandemia en el país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), un 42,5% de la población colombiana se encuentra en pobreza monetaria, lo que se traduce en 21 millones de personas en el contexto de la crisis del coronavirus, que ya acumula cuatro millones de casos y que superó la barrera de los 100.000 muertos en Colombia.
¿Cómo va la protesta?
En dos meses, si bien las manifestaciones continúan, han ido perdiendo fuelle. Una de las razones ha sido el incumplimiento del Ejecutivo de la petición de desmilitarización de las zonas donde había plantones y movilizaciones, por lo que algunos participantes se han replegado ante el temor de que se vulneren sus derechos.
Otra causa que tuvo impacto en la movilización fue el retiro del Comité Nacional de Paro de las protestas, debido a que no vio cristalizada una negociación con Duque, a pesar de haber sostenido varios encuentros con voceros del Ejecutivo. Además, anunció un cambio de estrategia que implica encuentros en municipios regiones para dar a conocer sus planteamientos.
Algunos sectores han dicho que estas acciones son para sopesar una eventual participación en la campaña electoral del año próximo y así presentar una alternativa al uribismo.
El Comité, señalado por algunas colectivos de manifestantes de no aglutinar a todos los sectores que integran la protesta, se encargó de convocar y organizar las manifestaciones en un escenario donde no hubo un liderazgo de algún grupo político o social que destacara y que capitalizara las acciones de calle.
Por su parte, el Gobierno que ha reconocido de forma parcial los abusos cometidos por los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otros cuerpos policiales, al tiempo que ha señalado a actores externos de atizar la protesta, que en algunos casos considera producto de vandalismo o de terrorismo. Por ello, algunos analistas han afirmado que la administración de Duque no supo interpretar la magnitud del descontento social que se ha gestado y afianzado en varios años.
Duque solicitó como requisito fundamental para conversar el cese de los bloqueos de las vías. Esto no ocurrió en un primer momento porque aún se realizaban procesos de negociación con varios sectores de manifestantes, que se adhirieron al paro y que bloquearon las vías, lo que dificultó el tránsito y el ingreso de alimentos y vacunas a algunas ciudades colombianas, según dijeron los voceros gubernamentales y autoridades locales.
El signo de la violencia
Frente a la violencia estructural que padece el país suramericano, en estas protestas quedó en evidencia la ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado. Distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales exigieron al Gobierno tomar medidas frente a las crecientes denuncias de «uso excesivo de la fuerza».
La ONG Temblores, que posee una información propia de los hechos violentos durante las manifestaciones, registró hasta mediados de junio 4.285 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, 1.468 personas víctimas de violencia física por parte de policías; 1.832 detenciones arbitrarias, 734 intervenciones violentas por parte de agentes policiales y 43 homicidios que habrían sido cometidos por los uniformados, de los cuales 21 que se encuentran en verificación.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) afirma que hasta el 28 de junio hubo 74 muertes víctimas de la «violencia homicida en el marco del paro nacional».
Hasta el 13 de junio, el Ministerio de Defensa Colombia informó que hubo 21 muertes en el marco de las protestas y más de 1.113 civiles heridos.
Estas denuncias hicieron que organismos internacionalecomo la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de Estado Americanos (OEA), mostraran su preocupación por lo ocurrido en Colombia.
A principios de mes, la CIDH hizo una «visita de trabajo» a Colombia para constatar la situación de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones y escuchar los testimonios de las víctimas del abuso policial. Hasta ahora no se han dado a conocer las observaciones.
¿Qué se logró?
Además de que se tumbaron los proyectos de reforma tributaria y de salud, las políticas afectaban a las capas media y baja de la población, las protestas propiciaron cambios en el gabinete de Duque. Durante estos sesenta días renunciaron el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la excanciller Claudia Bum, y el general Juan Carlos Rodríguez, hasta entonces comandante de la Policía de Cali, ciudad que fue epicentro de las protestas.
El reclamo que tomó fuerza en las protestas de 2019, sobre la matrícula gratuita para los estudiantes de la estratificación socioeconómica baja y media que cursan en universidades públicas, también fue atendido por el Ejecutivo. Sin embargo, aunque fue catalogado como una «victoria estudiantil«, por ahora solo abarcará el segundo semestre de este año.
Otro tema sobre el que hubo avance parcial fue el relativo a los cuerpos de seguridad. Aunque Duque habló de una «transformación policial«, catalogada de «cosmética» por sus opositores, la exigencia de los congresistas y de los defensores de los derechos humanos va más allá, pues piden que se desarticule el Esmad, sobre el que pesan la mayoría de las denuncias de abusos contra los manifestantes.
En este panorama de logros fragmentarios, concesiones por parte del Gobierno y exigencias de Justicia por parte de familiares y colectivos que piden que se investiguen y esclarezcan las muertes y los casos de violencia policial, la estabilidad política y el panorama de la presidenciales de 2022 se ven surcados por estas movilizaciones que han hecho que los reclamos sociales históricos se mantengan en las calles.
