La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre solicitó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, disponer de una “inmediata” investigación sobre las amenazas e intimidaciones que está recibiendo su defendido en la cárcel de Najayo-Hombres donde se encuentra recluido.
Asimismo, los abogados de la defensa del principal implicado en el caso Coral reclamaron terminar las constantes violaciones de los derechos fundamentales de su representado, las cuales han venido denunciando de manera constante.
Los togados sostienen que resulta insólito e inaceptable que mientras Cáceres conversaba con ellos, personas se coloquen estratégicamente para escuchar o captar lo conversado entre abogados y representado.
Además, afirmaron que se debe investigar el hecho ocurrido el pasado 11 de junio, fecha en la que se acercó, sin mediar palabras, una funcionaria de esta institución, quien se presentó como abogada de apellido Álvarez. Luego de irrumpir de manera ilegal e imprudente esa precaria reunión, dicha señora “aconsejó” a Cáceres delante de su abogado, que dejara la ruta que ha seguido, que no siga los consejos de sus abogados, que no haga ruido y se quede tranquilo pues “todo se le puede complicar”.
Manifestaron que ese acto de amenaza, atropello y soberbia irritante, además de grave, es la respuesta que han recibido del sistema carcelario a su legítimo reclamo de respeto a los derechos fundamentales del señor Cáceres.
“No sabemos si esta evidente amenaza puede implicar atentados a su integridad física. Esperamos que no sea así. Es impensable que este tipo de hechos esté ocurriendo en nuestro país. Sepa usted que esta situación tendrá todas las consecuencias jurídicas que ello trae consigo” manifestaron los abogados de la defensa.
Mediante una instancia enviada a la procuradora y a otros funcionarios del sistema carcelario expresaron que de las denuncias que han venido haciendo desde que el señor Cáceres fue presentado ante el juez, en fecha 28 de abril de 2021, no han recibido ninguna respuesta satisfactoria y jurídicamente sostenible. Señalaron que tampoco han recibido respuesta de su queja sobre el secuestro y copiado ilegal de las comunicaciones escritas con su cliente.
Precisaron que les conviene a todos que esta denuncia sea inmediatamente investigada y que el resultado sea comunicado a los denunciantes a fin de que “tengamos en nuestras manos los nombres, ejecutores y quienes dieron las instrucciones de este acto de intimidación burdo e ilegal”. Destacaron que es un derecho que les asiste a fin de oportunamente deducir las responsabilidades civiles y penales de este preocupante acto de tortura e intimidación.
Los letrados reiteraron las denuncias de que a su representado de manera constante se le han violado los artículos 38 (Dignidad), 39 (Igualdad), 40 (Derecho a la libertad y seguridad personal), 42 (Derecho a la integridad personal), 44 (Derecho a la intimidad), 68 (Garantía de los derechos fundamentales) y 69 (Debido proceso) de la Constitución de la República y 95.9 del Código Procesal Penal, en relación a la obstaculización al ejercicio del derecho de defensa.
Afirmaron que el señor Cáceres, quien desde su arresto en fecha 24 de abril de 2021 y hasta la actualidad, no ha podido sostener una sola reunión con sus abogados en la estricta confidencialidad establecida por la Carta Magna y nunca ha contado con el tiempo mínimo suficiente que le permita preparar su defensa.
