Un total de 24 países votaron a favor de la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos antes y durante el último conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que cesó hace una semana.
La decisión de crear la comisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de 60 países. La resolución recibió 24 votos a favor y 9 en contra, y hubo 14 países que se abstuvieron.
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Militantes de Hamas participan de una manifestación antiisraelí en Khan Younis, Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2021 (Reuters/ Ibraheem Abu Mustafa)
Pero, ¿cuáles son los 24 países que hicieron posible la votación? Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la votación refleja “la clara obsesión antiisraelí” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre ellos figuran cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. Ninguno de ellos condenó los ataques de Hamas. Además, muchos de ellos, actualmente tienen formas de gobierno que distan de ser democráticas.
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En la imagen, Nicolás Maduro (EFE/ Rayner Peña/ archivo)
Esta es la lista de los 24 países y jefes de Estado que votaron a favor:
Argentina: Alberto Fernández
Armenia: Armén Sarkissian
Bahréin: Jalifa bin Salman al Jalifa
Bangladesh: Abdul Hamid
Bolivia: Luis Arce
Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré
China: Xi Jinping
Costa de Marfil: Alassane Ouattara
Cuba: Miguel Díaz Canel
Eritrea: Isaías Afewerki
Gabón: Ali Bongo
Indonesia: Joko Widodo
Libia: Mohamed al Menfi
Mauritania: Mohamed Ould Ghazouani
México: Andrés Manuel López Obrador
Namibia: Hage Geingob
Pakistán: Arif Alvi
Filipinas: Rodrigo Duterte
Rusia: Vladimir Putin
Senegal: Macky Sall
Somalia: Abdullahi Mohamed
Sudán: Abdel Fattah Abdelrahman Burhan
Uzbekistán: Shavkat Mirziyoyev
Venezuela: Nicolás Maduro
Votaron en contra de la resolución: Austria, Bulgaria, Camerún, la República Checa, Alemania, Malaui, Islas Marshall, el Reino Unido y Uruguay.
Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la investigación internacional es una “decisión vergonzosa”.
La votación de la investigación “es un ejemplo más de la clara obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, declaró en un comunicado, en el que acusó a quienes aprobaron la investigación de “encubrir a una organización terrorista genocida que apunta deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los civiles de Gaza en escudos humanos”, en referencia al movimiento islamista Hamas, que gobierna de facto la franja desde 2007.
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Los presidentes China, Xi Jinping (d) y Rusia, Vladimir Putin (i) (Foto: EFE/ Joédson Alves)
Por otra parte, Netanyahu argumentó que Israel es “una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados con cohetes” y describió la creación de la comisión investigadora como una “parodia que se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo”.
El Ministerio de Exteriores israelí también se refirió a la decisión del jueves y dijo que “cualquier resolución que no condene el lanzamiento de más de 4.300 cohetes por una organización terrorista contra civiles israelíes, o incluso mencione a la organización terrorista Hamas, no es más que un fracaso moral y una mancha para la comunidad internacional y la ONU”.
En un comunicado difundido por un portavoz, Exteriores señaló que el CDH cuenta con “una mayoría antisraelí guiada por la hipocresía y el absurdo” y anticipó que “Israel no cooperará con esta investigación”.
La resolución aprobada hoy encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos, sino desde el 13 de abril.
La resolución encarga a la comisión por crearse que registre y preserve toda la información que encuentre y que pueda servir de prueba en eventuales procesos legales, que identifique a los responsables de las violaciones y que recomiende medidas que podrían servir para hacer justicia.
Asimismo, pide a los Estados que se abstengan de transferir armamento cuando exista el riesgo de que este pudiera ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.
