El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno tomó posesión como presidente de Ecuador. Lo hizo después de ganar los comicios en segunda vuelta, cobijado por la Revolución Ciudadana y su entonces partido Alianza País, que lideraba el expresidente Rafael Correa, su antecesor.
Luego de cuatro años, este lunes, concluye su mandato, con una ceremonia en la que entregará el cargo a Guillermo Lasso, quien ganó las pasadas elecciones en el país. Pero ¿qué legado deja el expresidente?
«El país que heredó Lenín Moreno es un país que si bien venía enfrentando algunos problemas, en general tenía un buen rumbo», opina Miguel Ruiz, profesor de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Además, señala que los gobiernos de Correa [2007-2017] estuvieron orientados «más o menos» por el principio de «primero la gente, primero los ecuatorianos antes que los compromisos internacionales, honrar sobre todo la deuda social».
«Descorreización»
Pese a llegar de la mano de su predecesor, al poco de instalarse en la Presidencia comenzó un proceso que muchos denominaron «descorreización» del país; dando la espalda a la Revolución Ciudadana, de la que también formó parte como vicepresidente entre 2007 y 2013, y cambiando el rumbo a un modelo completamente diferente.
Ruiz menciona que se conformó un «nuevo bloque de poder» en torno a Moreno, con los «adversarios históricos de la Revolución Ciudadana», que son «parte de las élites económicas, políticas y mediáticas del país«.
Indica que «descorreizar al país» significó «desinstitucionalizar muchos de los espacios que con mucho trabajo se habían logrado construir desde la Constitución de Montecristi [de 2008], los espacios de participación ciudadana, etc.».
Desde el primer año del mandato hubo importantes cambios institucionales, para lo cual se llevó a cabo una consulta popular en febrero de 2018, impulsada por Moreno, en la que se aprobó, entre otras cosas, dar por terminado el período de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que permitió que se instalara uno transitorio, que nombró nuevos titulares en instituciones claves del país, como la Procuraduría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral y la Fiscalía General de Estado.
Tras estos cuatro años, opina Ruiz, las instituciones del Estado quedaron con una «profunda crisis de legitimidad» ante la ciudadanía.
Además de desinstitucionalizar, «descorreizar al país» implicó —agrega Ruiz— «la persecución política y judicial de buena parte de la militancia, de la dirigencia y de los cuadros medios de la Revolución Ciudadana». Durante este período gubernamental fueron juzgados y condenados, por ejemplo, Correa, el expresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de la administración pasada.
De acuerdo con el analista no hubo procesos «limpios y transparentes» en estos casos, sino que se usó «de manera arbitraria y parcializada a la Justicia para una auténtica cacería de brujas» con el objetivo de «desprestigiar políticamente a la fuerza política más grande del país, que es la Revolución Ciudadana», cuestión que, dice, «lo consiguieron en buena medida».
Sobre este nuevo rumbo que tomó el país políticamente y que se extiende con la victoria de la derecha en las elecciones presidenciales pasadas, en las que resultó electo Guillermo Lasso, Moreno, en una entrevista con el diario chileno El Mercurio a principios de mayo, dijo: «Se puede derrotar al socialismo del siglo XXI de forma democrática. Es lo que hicimos aquí en Ecuador».
Crisis en salud
Ecuador no escapó de la crisis provocada por el coronavirus, pero, en este caso, llegó en un duro momento para la sanidad pública del país.
El primer caso se dio a conocer a finales de febrero de 2020, casi un año después de que se ordenara el despido de más de 2.500 trabajadores del sector de la salud estatal, dentro del Plan de Prosperidad 2018-2021 y al Plan de Optimización de la Función Ejecutiva, según denunció la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (Osuntramsa).
La gestión de la pandemia por parte del Gobierno fue duramente criticada. Los primeros meses de la crisis sanitaria golpearon duramente a Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, donde se llegaron a ver cadáveres en las calles y aceras, así como el colapso de hospitales y cementerios.
También hubo escándalos por corrupción, como el cobro indebido en hospitales públicos a familiares de fallecidos para entregar los cadáveres y el sobreprecio en compras públicas durante la emergencia.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta este domingo 23 de mayo, Ecuador registró 418.851 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia y 20.193 muertes —14.764 confirmadas y 5.429 probables por covid-19—.
Sin embargo, el número de fallecidos podría ser mayor. El país cerró 2020 con 14.034 muertes por covid-19, pero, según datos del Registro Civil, el año pasado murieron 115.150 personas en este país suramericano por diferentes causas (incluyendo el coronavirus), un incremento de 41.413 respecto a 2019, cuando hubo 73.737 decesos; mientras que el año previo, 2018, las muertes fueron 71.317, es decir, solo 2.420 de diferencia.
En medio de la dura situación, en diciembre pasado, fueron despedidos 572 médicos, enfermeras y administrativos de todos los hospitales del Ecuador, según denunció la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep).
Otra de las críticas es que al frente del Ministerio de Salud estuvieron cinco ministros durante la pandemia (y seis durante todo el mandato), que fueron renunciando o cambiados ante diferentes escándalos, principalmente relacionados con el proceso de vacunación.
El mandatario se comprometió a vacunar contra el coronavirus a al menos 2 millones de personas entre enero de 2021 y la fecha de su salida, este 24 de mayo; sin embargo, no cumplió esa meta. De acuerdo con la página web del ‘Plan Vacunarse‘, hasta el 19 de mayo se habían aplicado 1.627.070 vacunas de los fármacos contra el covid-19, y de esa cifra solo 401.335 personas habían recibido las dos dosis requeridas.
Sobre infraestructura sanitaria, la semana pasada Moreno informó que se invirtieron 749,1 millones de dólares en seis nuevos hospitales y la repotenciación de 20. De los seis construidos, solo fueron entregados dos: el General Napoleón Dávila Córdova de Chone y el de Especialidades de Portoviejo, ambos en la provincia de Manabí y cuya construcción inició durante el mandato de Correa.
Los acuerdos con el FMI (y las protestas)
En marzo de 2019, el Gobierno ecuatoriano suscribió un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un crédito de 4.200 millones de dólares, que se suspendió en 2020 porque el país no cumplió con algunas de las metas que le fijó el organismo; en septiembre de 2020, el Directorio Ejecutivo de la institución aprobó un nuevo acuerdo, para un préstamo de 6.500 millones de dólares en un plazo de 27 meses, en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).
«Con el FMI nuevamente volvimos a bajar la cabeza», comenta Ruiz, al señalar que las condiciones impuestas fueron duras, como las de «austeridad fiscal, recorte al gasto público, a la masa salarial», entre otras.
Meses después de la firma del primer acuerdo con el FMI, en octubre de 2019, Moreno anunció una serie de medidas económicas y un paquete de reformas. Una de las acciones fue la eliminación de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en Ecuador, así como al diésel, lo que provocó el aumento de sus precios.
Esto generó un estallido social, que estuvo desde el 3 al 13 de octubre y dejó 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo. Tras un acuerdo, Moreno derogó el Decreto Ejecutivo 883, mediante el cual se eliminaban esos subsidios, se levantó la protesta y los precios de los combustibles volvieron a bajar.
Una Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, que analizó esas protestas, emitió en marzo pasado un informe en el que concluye que el Estado es responsable de la represión y las violaciones de derechos humanos en esas manifestaciones. Tras ello se presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Moreno por presuntos delitos de lesa humanidad.
Aunque se derogó el polémico Decreto Ejecutivo 883, en 2020 el mandatario estableció un sistema de bandas de precios de los combustibles, para reducir de manera gradual el subsidio estatal. Esto hace que los precios de estos productos fluctúen cada mes, teniendo como base el promedio de los precios de los petróleos Oriente y WTI en el mercado internacional. Sobre ello, el pasado 5 de mayo, durante su participación en el Foro para la Defensa de la Democracia en las Américas en Miami, EE.UU., Moreno dijo: «A la final nos salimos un poco con la nuestra».
En respuesta al SAF del FMI, también se aprobó ya en el último mes de su mandato la ‘Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización’, que algunos analistas la han definido como una normativa que privatiza el Banco Central del Ecuador.
Durante el período de Moreno, y en parte en el último año por la crisis sanitaria del coronavirus, se registraron números negativos en algunos indicadores, como el índice de pobreza y extrema pobreza.
En diciembre de 2016, cinco meses antes de que Moreno asumiera el poder, la pobreza en Ecuador llegaba a 22,9 % y la extrema pobreza se ubicaba en 8,7 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). En el mismo mes de 2020, el índice de pobreza se ubicó en 32,4 % y el de extrema pobreza en 14,9 %.
Según un artículo del Observatorio de Gasto Público, hasta el cierre de 2020, el Gobierno ecuatoriano mantenía una deuda externa por 45.367 millones de dólares y un 42 % de ese monto corresponde a obligaciones con organismos internacionales como el FMI o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
En relación a la deuda interna, esta superaba los 17.000 millones hasta entonces. El Gobierno debía 500 millones de dólares al Banco Central, otros 1.509 millones al Banco de Desarrollo del Ecuador, 381 millones a la seguridad social y 14.697 millones en títulos de deuda emitidos.
Desmantelamiento del Estado
Durante su mandato Moreno se empeñó en la reducción del tamaño del Estado. Así, suprimió y fusionó ministerios y secretarías de gobierno, que derivó en despidos en el sector público.
En medio de la pandemia no solo se despidió a personal de salud, sino también en educación. Según la Unión Nacional de Educadores (UNE) durante la crisis sanitaria fueron separados de sus puestos alrededor de 10.000 docentes.
Hubo recorte de recursos para educación, salud y cultura, entre otras áreas, en la Proforma Presupuestaria del Estado.
En mayo de 2020, Moreno anunció la liquidación de ocho empresas estatales: la aerolínea Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador, Medios Públicos, Centros de Alto Rendimiento, Ecuador Estratégico, Siembra (Yachay Tech) y Unidad de Almacenamiento (comercialización de productos agropecuarios). En esa oportunidad también anunció el ahorro de 980 millones de dólares en «masa salarial» pública.
También cerró embajadas y oficinas diplomáticas. Concretamente, se eliminaron las sedes de Malasia, Irán, Nicaragua, Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola, la representación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría del Parlamento Andino.
Más cerca de EE.UU.
Moreno inició un acercamiento con EE.UU. o una reorientación de la política exterior de Ecuador con Washington.
«El gobierno de Rafael Correa fue un período en donde el Ecuador tomó distancia de una vieja sumisión que la clase política y económica ecuatoriana tenía con los dictados de la geopolítica de los EE.UU.», explica Ruiz.
El analista señala que con Moreno hubo un viraje en la política hacia EE.UU. en diferentes planos. Uno de ellos es el económico-comercial. Ambos países firmaron un «Acuerdo Comercial de Primera Fase» —nombre como se conoció mediáticamente—, que en realidad se trató de un «Nuevo Protocolo sobre Normas Comerciales y Transparencia», que actualizó el «Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC, por sus siglas en inglés) EE.UU – Ecuador», firmado en 1990.
También están «los temas geopolíticos», dice Ruiz, «en donde la sumisión a la agenda de la política exterior estadounidense fue muy evidente». Entre otras cosas, nombra la retirada del asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2019, tras estar desde 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres; el lineamiento con Venezuela, que incluye el reconocimiento al autoproclamado presidente interino de ese país Juan Guaidó; y la salida y «sepultura» de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya sede estaba a las afueras de Quito.
Asimismo, se firmaron «acuerdos de cooperación policiaca y militar entre los dos gobiernos», añade Ruiz.
En estos cuatro años, visitaron el país suramericano el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Thomas A. Shannon; una misión del Comando Sur estadounidense; Mark Green, entonces administrador de la agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), organismo que había salido del país en 2013; David Hale, quien era viceministro de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU.; y quien era secretario de Estado, Mike Pompeo.
En febrero de 2020, Moreno y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvieron un encuentro en la Casa Blanca.
Antes de marcharse del Palacio de Carondelet, el pasado 18 de mayo Moreno entregó la Condecoración al Mérito al embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick.
Los desatinos verbales
Durante sus tantas alocuciones públicas, Moreno generó polémica por varios comentarios. Por ejemplo, en abril de 2018, durante un acto en Cuenca, esbozó unas palabras contra los galenos: «Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el medico. El que tiene cáncer cambia de vida y al final el médico cambia de carro«.
En agosto de 2019, hablando de emprendimientos en Ecuador, avaló el trabajo infantil y utilizó un término despectivo para referirse a los niños, al decir: «Somos un país de emprendedores, la necesidad obliga. Por eso ustedes ven en Guayaquil […], perdonénme el término, no lo digo en términos despectivos, un monito de 5 años: ya se ha comprado una cola, unos vasos plásticos y está vendiendo en una esquina gaseosa […] esto está en la esencia misma de los ecuatorianos».
En enero de 2020, durante una reunión con inversionistas en Guayaquil, sus desatinados comentarios fueron contra las mujeres: «Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso; es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso».
En abril pasado, en su programa radial ‘De Frente con el Presidente’, el mandatario contó que cuando se trasladaban en un vehículo con la ventana abierta, una señora se le acercó para decirle que los ecuatorianos padecían hambre. Tras describir a la mujer como una persona «bastante llenita en carnes», Moreno recordó que la increpó: «Usted no, señora. A usted se le ve bastante gordita«.
El último comentario, a principios de mayo, durante su participación en el foro de Miami, fue: «Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo le dije: ojalá tuviera yo un mejor pueblo también».
Popularidad
Moreno ganó las elecciones en 2017 con 51,15 % de los votos y tenía una aprobación de 66 % entre los ecuatorianos al momento de asumir la Presidencia, en mayo de ese año, según Cedatos. Sin embargo, un año después, esa aprobación bajó a 46 %; en mayo de 2019 llegó a 26 % y en el mismo mes del año pasado se ubicó en 18,7 %.
En cuanto a credibilidad, Moreno inició con el 63 % en mayo de 2017, bajó a 42,3 % en mayo de 2018, 24,7 % en mayo de 2019, 10,4 % en octubre de 2019 y a 14,7 % al cumplir tres años de gobierno en mayo de 2020.
En marzo de este año, la aprobación de Moreno alcanzaba apenas el 4,8 % y la credibilidad en su palabra fue de 2,8 %, de acuerdo con la misma encuestadora.
Edgar Romero G.
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El analista internacional Alexis Matute no espera grandes cambios políticos o económicos respecto al Gobierno anterior y explica que el nuevo gabinete está ligado al neoliberalismo.
