Un organismo de vigilancia gubernamental dijo el lunes que el gobierno del expresidente Donald Trump obligó a padres inmigrantes a salir de Estados Unidos sin sus hijos, parte de su política de separación de familias en la frontera sur, lo que contradice las afirmaciones de funcionarios de que los padres dejaban a sus hijos de manera voluntaria.
En su informe, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional señaló que encontró al menos 348 casos en que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no tenía registros que demostraran que los migrantes querían dejar a sus hijos en Estados Unidos. También descubrió “algunos” casos en los que agentes de la agencia deportaron a los padres a pesar de que sabían que querían llevarse a sus hijos con ellos.
Ello contradice las afirmaciones de altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) de que los padres optaban por dejar a sus hijos en Estados Unidos para que se quedaran con familiares, o por algún otro motivo, mientras a ellos se les deportaba en 2017 y 2018, cuando el gobierno intentaba implementar una estricta política migratoria.
Los hallazgos, dados a conocer por el inspector general Joseph Cuffari, quien fue designado al cargo por Trump, revelan nueva información sobre la medida que se convirtió en una crisis política compleja para el gobierno anterior y que continúa planteando problemas al actual, el cual está trabajando para reunir a familias que incluso ahora continúan separadas.
“Aquellos que idearon esta farsa tendrán que vivir el resto de sus días con el recuerdo de su crueldad”, dijo el senador demócrata Dick Durbin, que encabeza a la Comisión de Asuntos Jurídicos y que solicitó el informe.
El gobierno de Trump separó a miles de padres inmigrantes de sus hijos desde el verano de 2017, parte de su intento por procesar penalmente a las personas que ingresaban ilegalmente por la frontera suroeste de Estados Unidos. Los niños no podían permanecer bajo custodia penal junto a sus padres, por lo que fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés).
La separación masiva de familias desató indignación pública y una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), que también recolectó reportes de padres que fueron deportados sin la oportunidad de llevarse a sus hijos con ellos.
“Durante el litigio, nos enteramos que a algunos padres incluso se les dijo que sus hijos irían con ellos en el vuelo, y posteriormente el avión despegaba sin el niño”, dijo el abogado Lee Gelernt de la ACLU.
Ello contradice las declaraciones públicas de los funcionarios del DHS.
Según el informe, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, testificó ante el Congreso en diciembre de 2018 que “todos los padres” tuvieron la opción de llevarse consigo a sus hijos de regreso a su país, y aquellos que no lo hicieron “tomaron la decisión de que el niño no lo acompañara”.
Nielsen dijo al Congreso en marzo de 2019 que “no ha habido un solo padre deportado, hasta donde yo sepa, que no haya tenido varias oportunidades de llevarse a sus hijos consigo”.
Nielsen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En ocasiones anteriores ha dicho que su agencia no intentó separar intencionalmente a las familias, pero no tuvo más opción debido a que el gobierno estaba procesando penalmente a quienes cruzaban la frontera.
Trump emitió una orden ejecutiva para poner fin a la práctica de separar familias en junio de 2018, días antes de que un juez federal ordenara lo mismo y exigiera que se reuniera a las familias separadas.
En respuesta al informe, el ICE señaló que está de acuerdo con los hallazgos y ya trabaja para atender los problemas de gestión de registros que plantea el texto.
Poco después de asumir el cargo, el presidente Joe Biden ordenó la creación de un grupo de trabajo para reunir a cientos de niños que permanecen separados de sus padres. El mandatario anunció este mes las primeras cuatro reunificaciones.
Las labores continúan en un momento en que el gobierno de Biden lidia con un aumento en el número de migrantes menores de 18 años que intentan ingresar por la frontera suroeste de Estados Unidos sin compañía de un adulto.
El gobierno ha transferido a cerca de 19.000 de ellos a instalaciones supervisadas por el HHS. A esos niños se les permite permanecer en Estados Unidos mientras el gobierno decide si tienen argumentos válidos para aspirar a la residencia mediante un padre que tenga la ciudadanía o por algún otro motivo.
En tanto, el gobierno de Biden continúa rechazando a los migrantes adultos, incluyendo a solicitantes de asilo, y a muchas de las familias que cruzan la frontera, en cumplimiento con una orden de salud pública emitida a comienzos de la pandemia de COVID-19.
