El revuelo ante la opinión pública por el apresamiento del diputado oficialista Miguel Gutiérrez Díaz, sacó a relucir fallas y debilidades de los partidos, organismos estatales y las leyes en torno a los mecanismos de depuración de los aspirantes a cargos electivos.
Delegados de partidos y politólogos coinciden en que se hacen necesarios mayores controles para evitar que el narcotráfico permee las esferas de poder y la política.
Conforme al politólogo Henry Blanco Castillo, en la República Dominicana el dinero guía y controla a los partidos, por eso quienes están detrás de una candidatura de regidor, diputado, senador o presidente deben poseer recursos.
Precisó que cuando los aspirantes no poseen dinero, entran al campo los empresarios y narcotraficantes, quienes se encargan de promover las aspiraciones.
“La Ley de Partidos hay que revisarla en un periodo como este, para desde la ley, rescatar a los partidos, procurando que retornen a los principios éticos y a dotarlos de contenido democrático e ideología”, enfatizó.
Consideró que ley debes ser más estricta con la exigencia de la calidad ética y los principios democráticos; “La Junta Central Electoral (JCE) así como les da seguimiento a los recursos que invierten los partidos, debe evaluar la calidad ciudadana de los candidatos”.
Para Tácito Perdomo, delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que los outsider (personas fuera de los partidos) y el voto preferencial son elementos que inciden negativamente en el sistema político.
Sostuvo que lamentablemente el voto preferencial se logra con dinero, el cual se utiliza en la compra de delegados, electores y personal de los partidos.
“Deben revisarse esas dos cosas, los outsider, gente que no se conocen en los partidos y que después vienen con unos resultados como lo que estamos sufriendo en estos momentos y así mismo el asunto del voto preferencial que en este país se logra con dinero sin conocer su origen”, advirtió.
Leonardo Suero, delegado político del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), aseguró que en cierta medida obedece a la falta de depuración de las organizaciones política, el hecho de que narcotraficantes sean presentados a la población como candidatos.
También imputó responsabilidad a los organismos de seguridad del Estado, a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), JCE y a la Procuraduría, quienes entienden deben darles seguimiento a los postulantes.
“Los que tienen informaciones fidedignas de las andanzas de un determinado candidato son los organismos de seguridad del Estado, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y todos guardan silencio”, apuntó.Lo dicen las leyes
La ley 33-18 sobre Partidos Políticos en su artículo 41 establece que la campaña interna es el período en el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos.
La legislación advierte que se considerarán ilícitas las donaciones o aportes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que no puedan determinar su procedencia u origen.
En el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.
Mientras la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral indica que la JCE o junta electoral a la cual haya sido sometida una propuesta de candidatos tendrá la obligación de reunirse dentro de los cinco días que sigan a su presentación y declarar su admisión o no admisión, según compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y de las leyes.
