Los abogados de Rudolph Giuliani, exabogado del expresidente Donald Trump, han solicitado a un juez de Nueva York que bloquee el registro de los datos contenidos en los dispositivos digitales que le fueron incautados el pasado abril por la policía, tras poner en duda la base legal de las órdenes de búsqueda en su vivienda.
En un escrito de 17 páginas dirigido al juez J. Paul Oetken, los togados han pedido la revisión de los documentos confidenciales de la Fiscalía relacionados con la orden de registro de la vivienda de Giuliani, el pasado 28 de abril.
Los abogados muestran su “seria preocupación” por la naturaleza de esa medida y, además, hacen referencia a un registro realizado en 2019 de la cuenta de iCloud de Giuliani.
Asimismo, insisten en la necesidad de tener acceso a la documentación con la que la Fiscalía justificó esta búsqueda, antes de que se asigne un “Special Master” al caso, una persona independiente que deberá decidir si los contenidos de los aparatos electrónicos incautados están cubiertos por el privilegio de privacidad abogado-cliente y, por lo tanto, no pueden ser usados en un juicio.
Sobre esta cuestión, el equipo de Giuliani pretende que los fiscales clarifiquen qué información y qué materiales consideran que no está sujeta a ningún privilegio. “Esta información es necesaria para que Giuliani sea capaz, si fuera necesario, de retar la decisión del Gobierno de que una información específica no es privilegiada”, apunta la nota.
“Antes de que se lleve a cabo cualquier revisión (incluso por parte de un maestro especial) y se cause un mayor daño a la confianza del público en la confidencialidad de sus comunicaciones con los abogados, debe resolverse la cuestión de la constitucionalidad y de la legalidad de la conducta del Gobierno hasta este punto de la investigación”, dice el escrito, firmado por los abogados Robert Costello y Arthur Aidala.
Además, el escrito dirigido al magistrado sostiene que en la orden de registro de la cuenta de iCloud se mencionaba que si Giuliani hubiera sido informado podría haber destruido evidencias o haber intimidado a testigos.
Para sus abogados, dicha afirmación “no solamente es falsa, sino que es extremadamente dañina para la reputación de Giuliani” y agregan que no se apoya en ningún hecho creíble y “contradice los esfuerzos de Giuliani de facilitar información al Gobierno”.
El registro de la vivienda de Giuliani se enmarca en una investigación abierta por la Fiscalía federal de Estados Unidos sobre sus negocios en Ucrania y sobre si este presionó ilegalmente al Gobierno de Trump en 2019 en favor de funcionarios y empresarios ucranios, quienes, supuestamente, ayudaban al abogado a buscar trapos sucios sobre los rivales políticos de Trump, incluido el entonces aspirante a la presidencia Joe Biden.
Según medios locales, el caso también se centra en el polémico cese en 2019 de la embajadora de EE.UU. en Ucrania, Marie Yovanovitch, y la eventual implicación de Giuliani en la decisión.
