La Operación Coral y la medida de coerción a Argenis Contreras proyectaron a la jueza Kenya Romero a las grandes ligas de la justicia dominicana.
Hasta antes del conocimiento de estos casos Romero era una completa desconocida ante la opinión pública.
Este lunes, la magistrada fue la encargada de imponer medidas de coerción a unos de los tres casos de corrupción más grandes que ha llevado a cabo la actual Procuraduría General de la República.
El general Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Tenner Flete, Alejandro Montero y Rossy Guzmán Sánchez tendrán que cumplir 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Hombres, mientras que la pastora en Najayo Mujeres.
Raúl Girón Jiménez, el principal testigo del Ministerio Público le fue impuesto arresto domiciliario.
Se recuerda que Argenis Contreras, principal acusado en la muerte del catedrático y abogado Yuniol Ramírez en octubre de 2017, le fue impuesto un año de prisión preventiva, a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Perfil de Kenya Romero
La magistrada fue asignada en la coordinación de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional de forma interina en la vacante de Alejandro Vargas.
Romero ha desempeñado la función de jueza del desde el año 2006, iniciando en la carrera judicial como jueza de paz del Distrito Nacional al egresar de la Escuela Nacional de la Judicatura del Programa de Formación para Jueces.
Actualmente es miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial, jueza asignada para las mesas de trabajo de GAFILAT sobre el tema lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del cual ha sido capacitada internacionalmente.
Ha publicado obras con temas de preferencia Trata de Personas, Crimen Organizado, Derechos de la Infancia, Justicia Terapéutica, , Políticas de drogas, seguridad ciudadana y derechos de la infancia.
Además, ha enseñado a nivel de pregrado y posgrado en universidades nacionales y en la Escuela Nacional de la Judicatura y Escuela Nacional del Ministerio Público, respectivamente.
Romero también es jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, jueza del Tratamiento Bajo Supervisión Judicial (TSJ) Especialidad en Derecho Procesal Penal, Políticas de Drogas y Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Es jueza de Tratamiento Bajo Supervisión Judicial, cargo en el que se ocupa del piloto de procesos penales a personas con dependencia a sustancias controladas en el contexto de la justicia terapéutica.
De 2007 a 2021 fue jueza de la Fase de Instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, donde se encargó de múltiples procesos penales relativos a adolescentes en conflicto con la ley.
El 24 de octubre de 2017 Romero fue designada por el Consejo del Poder Judicial para tratar todo lo referente a las medidas relacionadas con el congelamiento preventivo de bienes provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las mesas multisectoriales, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esto en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contenido en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus reglamentos.
La magistrada tiene un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho (Universidad del País Vasco), máster en Derecho Penal (UASD), master en Sociedad Democrática, Estado y Derecho (Universidad del País Vasco), especialidad en Políticas de Drogas, especialidad en Justicia Juvenil (Universidad de Ginebra).
También es delegada del Poder Judicial de la República Dominicana ante la Cumbre Judicial Iberoamericana en la Comisión MARC TTD y el Consejo Centroamericano de Justicia.
En el 2006 participó en el Programa de Formación de Aspirantes a Juez de Paz de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
