Estados Unidos sancionó el lunes a un congresista y a un exalto funcionario de de Guatemala que habrían pagado sobornos a jueces para asegurarse protección en casos de corrupción que enfrentan en su país.
Las sanciones fueron impuestas al diputado Felipe Alejos Lorenzana, ex vicepresidente del Congreso en 2020, y a Gustavo Alejos Cambara, quien se desempeñó como secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Ambos habrían efectuado pagos a congresistas y jueces en un intento por influenciar la selección de magistrados y asegurarse fallos favorables en los casos judiciales de corrupción que enfrentan en su país, dijeron el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.
“Estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción”, expresó el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita al revelar las medidas. “Apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco”, sostuvo.
Las medidas fueron reveladas de manera paralela a otras similares impuestas por Reino Unido y en momentos que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden ha puesto como prioridad la lucha contra la corrupción en Centroamérica para generar condiciones políticas, sociales y económicas que alienten a la población a quedarse en sus países en lugar de migrar hacia el norte.
Las sanciones se suman a otras impuestas en 2020 por el Departamento del Tesoro al incluirlos en una lista de personas corruptas que tienen prohibido su ingreso a Estados Unidos. Tienen lugar el mismo día que la vicepresidenta Kamala Harris, designada como la principal interlocutora del gobierno estadounidense con las autoridades de Centroamérica, tendrá una llamada telefónica con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Tiziano Breda, especialista en temas de Centroamérica para Crisis Group, dijo a The Associated Press que la sanción remarca que si bien la administración Biden está comprometida a trabajar con Guatemala por el tema migratorio, “la cooptación de cortes y del Congreso son líneas rojas que puede afectar la cooperación de Estados Unidos con el país en otros temas”.
Breda explicó que Estados Unidos ha elegido a Guatemala como socio principal “por ahora”, dada la a veces conflictiva relación con Nayib Bukele en El Salvador y la controversial posición de Juan Orlando Hernández en Honduras. Los tres países integran lo que se conoce como el “Triángulo Norte” de Centroamérica.
Desde que el gobierno de Guatemala resolvió no renovar el mandato de la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) en 2019 – creada por las Naciones Unidas para investigar aparatos clandestinos y de seguridad dentro del Estado guatemalteco con la fiscalía- algunos políticos que eran investigados buscaron eliminar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que tenía a su cargo casos que le asignaba la comisión de la ONU.
De acuerdo con la FECI, también han intentado influenciar la selección de jueces de las cortes de justicia del país.
Así, en febrero de 2020, la FECI descubrió que mientras estaba detenido y en un hospital, a la espera de que concluyeran cinco investigaciones distintas donde se le acusa de corrupción, Gustavo Alejos Cambara buscó influenciar el proceso de selección de magistrados de dos cortes de Guatemala. Para ello, habría sobornado con pagos a postuladores, legisladores y jueces buscando influenciar cualquier fallo que asegurara la libertad. Para ocultar sus fondos, habría comprado propiedades en Panamá y Belice, de acuerdo con información del gobierno estadounidense que cita a la fiscalía de Guatemala.
Alejos Cámbara se encuentra preso por un caso de evasión de la prisión, mientras que por los otros cuatro procesos de corrupción ha logrado que le otorguen arresto domiciliario.
En el caso del diputado Felipe Alejos Lorenzana, la FECI le acusa de haber cobrado comisiones ilícitas a empresarios para que les fuera devuelto en forma exprés crédito fiscal. La FECI intentó en cuatro ocasiones que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad, pero estos le protegieron, negando que fuera investigado.
A raíz de las sanciones, todas sus propiedades e intereses en propiedades en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses han sido bloqueados y deben ser reportados al departamento del Tesoro.
