El abogado Félix Portes tronó la noche de este sábado contra la directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Patricia Logombra, por no permitirle visitar al coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los arrestados en el día de hoy en la Operación Coral junto al mayor general Adams Cáceres y la pastora Rossy Guzmán por corrupción.
El juristaa apeló a una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que es una violación condicionar la visita de abogados y defensores públicos.
«Hoy me presenté a carcelita de Ciudad Nueva a visitar cliente recién arrestado y me prohibieron verle. Alguien que le diga a @hipala que ya el @TribunalConstRD estableció que es una “violación al condicionar la visita de abogados y defensores públicos.” Atención @ProcuraduriaRD!», dijo Portes.
Portes señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución, Código Procesal Penal establecen que el detenido tiene derecho a comunicarse con su abogado, ser asistido desde el primer acto del procedimiento y reunirse con su defensor.
El Ministerio Público arrestó este sábado al mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán Sánchez y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una amplia investigación denominada “Operación Coral”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabezan los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, arrestaron además a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y Tanner Antonio Flete Guzmán.
Los arrestos y los allanamientos se enmarcan dentro de las acciones contra la corrupción administrativa que desarrolla la Procuraduría General de la República bajo la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
Los fiscales encabezados por Camacho y Reynoso realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde desarrollaban sus acciones fraudulentas los prevenidos.
El Ministerio Público solicitará ante un juez de Atención Permanente la aplicación medidas de coerción contra los detenidos en las próximas horas.
