Santo Domingo, RD
Acorralada y arrastrando un nivel de descrédito sin precedentes, zarandeada por las críticas y la sospecha pública, la Cámara de Cuentas acaba de superar momentos oscuros, al dar un gran salto con nuevos miembros y asumir una misión desafiante, mientras los ciudadanos han optado por colgar sus esperanzas en el rigor del juramento de honor de los nuevos incumbentes.
El Senado dominicano escogió ayer a los cinco miembros del ente fiscalizador del Estado, recayendo la presidencia de ese organismo en Janel Andrés Ramírez.
El nuevo titular de la Cámara formará quinteto con Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina Tolentino Mckenzie, secretaria, además de Mario Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña.
Todos concluyeron el proceso de evaluación correspondiente, a cargo de una comisión senatorial especial, lo que deja ahora a los cinco en su camino para ejercer sus funciones en el ente fiscalizador del Estado durante un período de cuatro años, según manda la Constitución de la República.
La pasada gestión de la Cámara de Cuentas estuvo en el “ojo del huracán” por las investigaciones al comportamieto de la administración de Hugo Álvarez, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Hernández.
La Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal, de los recursos públicos y procesos administrativos y del patrimonio público, fue cuestionada por buena parte de la ciudadanía y sectores de la sociedad civil, esta institución, al protagonizar escándalos que han puesto en tela de juicio su operación y existencia.
En enero de 2007, el pleno, encabezado por su presidente Andrés Terrero, se aumentó el sueldo y sus miembros pasaron de cobrar RD$300,000 a más de RD$600,000 al mes. Pero las críticas no dieron tiempo a espera y la medida fue dejada sin efecto en mayo de ese mismo año.
Posteriormente, el pleno fue sometido al escarmiento y a un juicio político, bajo acusaciones de lucha de intereses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas.
Con estos actos, los titulares, que fueron renombrados por la opinión pública como “los apandillados”, fueron señalados por violar las leyes 10-04, de la Cámara de Cuentas, la 41-08, de Función Pública, y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Luego de iniciado el juicio político, Terrero y los miembros del pleno renunciaron a sus cargos.
Los otros titulares eran Henry Mejía, José A. Maceo, Juan Adalberto Lora Ruíz, Freddy Almonte Bri-to, Luis Yépez Suncar, José Altagracia Gregorio, Ulises de Beras de la Cruz y Alcides Benjamín.
En su carta de renuncia, Terrero entendía que no se debía someter “al Senado de la República a la fragilidad de una votación que conforme a la Constitución de la República con la 3/4 de la votación se puede destituir a cualquiera de nosotros”.
Sueldos y escándalo
Otro escándalo se suscitó en marzo de 2017, prácticamente al inicio de esta actual gestión, encabeza-da por Hugo Álvarez Pérez, fue un aumento salarial sin justificación que solicitó el presidente de la Cámara.
El sueldo de Álvarez Pérez pasó de 350,000 pesos a 423,500 pesos. Los demás miembros, conformados por Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejada, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán, también recibieron aumentos que llevaron sus salarios hasta 379,097 pesos.
No obstante, Álvarez Pérez justificó, a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rubén Maldonado, que no se hicieron un aumento salarial, sino que aplicaron un tabulador salarial instituido mediante una resolución del 2013, es decir, con el pleno pasado.
Esta gestión de Álvarez Pérez también estuvo en el ojo del huracán al reportar millones de pesos en almuerzos, bebidas, cigarros de marcas, restaurantes, tarjetas de crédito y donaciones.
Y se registraron gastos en compras de bebidas alcohólicas, mayormente vinos, champagne y whisky.
Allanamiento
En febrero de este año, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizó un allanamiento en la Cámara de Cuentas que duro más de once horas, una acción que fue denominada como “Operación Caracol”.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que en esa entidad se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titulares, para encubrir actos que quebrantan la ley.
