El ex presidente de EEUU, Donald Trump, pidió este sábado boicotear a las Grandes Ligas de Béisbol y las empresas Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS y Merck, para seguir el ejemplo de los “demócratas radicales de la izquierda” que hacen boicot a quienes les ofenden.
En un comunicado de Save America, un grupo recaudador de fondos para su campaña, Trump dijo que los republicanos y conservadores pueden jugar mejor el mismo juego “sucio” que a su juicio hace los demócratas con empresas y además son “muchos más”.
Sin especificar el motivo exacto por el que los estadounidenses deberían boicotear a las Grandes Ligas de Béisbol y las compañías citadas, Trump se refiere a “las sagradas elecciones”.
Al respecto dice que los demócratas “arreglaron y robaron” las presidenciales de noviembre de 2020 y, por si fuera poco, “boicotean y asustan a las compañías hasta la sumisión”.
“No vuelvan a comprar sus productos si no ceden”, dice.
Trump concluye con un mensaje en el que pide no dejar que la izquierda radical destruya a los Estados Unidos.
“No queremos una nación socialista. Feliz Pascua”, señala Trump para terminar.
Desde que dejó la Casa Blanca, el ex presidente republicano reside en Palm Beach (sureste de Florida), en su club privado Mar-a-Lago, junto a su familia.
Trump lanzó su propia página web para burlar el bloque de Twitter y Facebook
Antes de dejar el poder, las plataformas Facebook y Twitter suspendieron sus cuentas por considera que en sus mensajes incitaba a la violencia.
El 6 de enero de 2020 seguidores de Trump tomaron por asalto el Capitolio, sede del Congreso, después de un mitin en Washington en el que el entonces todavía presidente les arengase a luchar para defender su supuesta victoria sobre el demócrata Joe Biden en las elecciones, que ese mismo día fue certificado como ganador.
Entrenando, el gobierno de Joe Biden informó este viernes que ha levantado las sanciones impuestas por la administración del ex presidente Donald Trump a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instando a una relación más colaborativa.
El ex secretario de Estado Mike Pompeo había impuesto sanciones y rechazado visados para la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, después de que iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán.
El tribunal con sede en La Haya irritó aún más a Estados Unidos al abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel, un aliado estadounidense que rechaza la autoridad de la CPI.
El sucesor de Pompeo, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos sigue “en total desacuerdo” con las acciones tomadas por la CPI.
“Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones”, dijo Blinken en un comunicado.
Deshacer las medidas de Trump
Este levantamiento de sanciones forma parte de la campaña del inicio del gobierno de Biden de disolver las medidas de la era Trump que considera erróneas.
El pasado 30 de marzo Blinken eliminó formalmente la maniobra promovida por su predecesor para que la defensa de los derechos humanos en el extranjero por parte de Estados Unidos se limitara a las causas favorecidas por los conservadores, como la libertad religiosa y asuntos de propiedad, al tiempo que ignoraban los derechos reproductivos y de la comunidad LGBTQ.
El secretario de estado de EEUU, Antony Blinken
Blinken dijo que un informe preparado para el ex secretario de Estado Mike Pompeo que trataba de reducir el número de libertades a las que se les da prioridad en la política exterior estadounidense era “desequilibrado”, no reflejaba las políticas del gobierno del presidente Joe Biden y no se usará para guiarlas. El informe de la Comisión de Derechos Inalienables de Pompeo había sido criticado duramente por grupos defensores de los derechos humanos.
El secretario de Estado Blinken también revirtió una decisión del gobierno de Trump de retirar secciones sobre derechos reproductivos de los informes anuales del Departamento de Estado sobre derechos humanos en otros países. “Los derechos de las mujeres — incluyendo los derechos sexuales y reproductivos — son derechos humanos”, manifestó.
Activistas por los derechos humanos condenaron el informe de la comisión de Pompeo cuando éste lo dio a conocer el año pasado en medio de grandes fanfarrias de grupos religiosos y conservadores. El informe formaba parte de un plan más amplio del gobierno de Trump para restaurar la primacía de lo que algunos funcionarios consideran son los valores de los fundadores de la nación.
