La población carcelaria en la ciudad de Nueva York cayó aproximadamente un 26% en el 2020, una reducción histórica que comenzó con la implementación de las leyes de fianzas y las subsiguientes bajas tras las medidas tomadas durante la pandemia de COVID-19, por lo que se esperaría que los costos por recluso también disminuyeran. Pero no es así.
De hecho, un análisis de los gastos del Departamento de Correcciones municipal (DOC) en el año fiscal 2020 –divulgado el miércoles por el contralor Scott Stringer– encontró que la ciudad de Nueva York gastó un promedio de $447,337 por cada individuo encarcelado el año anterior, un aumento del 30% con respecto al 2019. A esto se suma que los incidentes violentos entre reclusos y contra el personal también se dispararon.
Los hallazgos hacen parte del informe anual de la Contraloría sobre las agencias que están en su Lista de Vigilancia de Agencias (Agency Watch List) y en la que el DOC se encuentra por cuarto año consecutivo, debido a la preocupación por el aumento de los costos y su persistente bajo rendimiento.
“El costo de encarcelar a una sola persona en Rikers se ha disparado incluso cuando nuestra población carcelaria permanece cerca de mínimos históricos, sin embargo, las tasas de violencia continúan aumentando”, dijo Stringer subrayando que el análisis muestra que se está gastando cada vez más dinero para encarcelar a cada vez menos personas, a la vez que se reduce la seguridad tanto de los oficiales como de quienes están bajo custodia.
“Debemos reinventar nuestro sistema de justicia penal, reducir drásticamente la población en prisión preventiva e invertir el dinero de nuestros contribuyentes en los recursos y programas que previenen el encarcelamiento en primer lugar”, recomendó el Contralor.
Las admisiones anuales a las cárceles de la ciudad y la población diaria promedio han ido sustancialmente en declive en los últimos años. Específicamente, durante el 2020, la población carcelaria promedió 5,841 individuos. La Ciudad gastó un promedio de $217,043 por cada persona encarcelada y $230,294 adicionales en costos no relacionados para cada individuo bajo custodia, incluidos los gastos de beneficios complementarios para empleados y servicios de atención médica proporcionados por otras agencias, lo que elevó el costo anual total de encarcelamiento a $447,337 por persona.
Según detalla el informe, se prevé que el presupuesto del DOC disminuya en un 11% adicional a $1,140 millones en el año fiscal 2021. Ya se había reducido en un 7%, de $1,370 millones en el año fiscal 2017 a $1,280 millones en el año fiscal 2020.
Otra tendencia preocupante que el informe pone de relieve es el incremento desproporcionado de la violencia entre la población de reos.
Las cifras especifican que del año fiscal 2019 al 2020 la tasa de infracciones por peleas y agresiones entre la población carcelaria aumentó en un 27% y la de incidentes violentos en un 16%. Los asaltos al personal penitenciario también se incrementaron en un 26% el año pasado, así como, desde el 2018, se han duplicado las acusaciones de uso de la fuerza.
Además, el análisis estima un aumento notable en los reos con un diagnóstico de salud mental, alcanzando el 54% en los primeros cuatro meses del año fiscal 2021, que se inició en julio pasado.
La crisis del COVID
En abril pasado, a un mes del inicio de la crisis de la pandemia, Stringer envió una carta al alcalde Bill de Blasio y a la comisionada del DOC, Cynthia Brann, donde expresaba su preocupación por el hecho de que las cárceles municipales no estuvieran bien equipadas para proteger a las personas durante una pandemia y que el DOC no había proporcionado suficiente información sobre cómo estaba manejando la propagación del virus.
Por ello instó a la Ciudad a tomar una serie de pasos para priorizar la salud y la seguridad de las personas bajo custodia y el personal, incluida la liberación de más personas encarceladas, la reducción de las admisiones a las cárceles, la actualización diaria de la cantidad de personas examinadas y hospitalizadas, entre otras sugerencias.
Según la Junta Correccional de la Ciudad de Nueva York, hasta el último día del año fiscal 2020, más de 300 personas bajo custodia del DOC habían sufrido el COVID-19, mientras que más de 200 empleados de los Servicios de Salud Correccional y más de 1,400 empleados del DOC habían contraído el virus. Tres personas encarceladas han muerto.
Aproximadamente el 80% de la fuerza laboral del DOC es negro o latino, mientras que alrededor del 88% de las personas bajo la custodia del DOC son también son de las minorías.
Presentada por primera vez en 2018, la Lista de Vigilancia de Agencias enfoca la atención sobre las agencias municipales que plantean las mayores preocupaciones presupuestarias debido al aumento del gasto y los escasos resultados.
Impacto fiscal
Precisamente este jueves, el Justice Lab de la Universidad de Columbia y la Independent Commission on New York City Criminal Justice and Incarceration Reform divulgaron el informe “El enorme costo de las infracciones de la libertad condicional en Nueva York”, donde revelan que encarcelar a personas por violaciones técnicas de la libertad condicional les cuesta a los contribuyentes de Nueva York más de $680 millones, de los cuales $319 millones son pagados por el estado, $91 millones por los condados de Nueva York y $273 millones por Ciudad de Nueva York.
En respuesta al informe, The Legal Aid Society pidió a los legisladores en Albany que promulguen la Ley Menos es Más (Less Is More Act), que agilizaría la supervisión de la libertad condicional al eliminar el encarcelamiento para la mayoría de los delitos menores no penales y exigiría una revisión judicial inmediata de los cargos por violación de la libertad condicional, entre otros.
Lorraine McEvilley, directora de la Unidad de Defensa de Revocación de Libertad Condicional en The Legal Aid Society, indicó que cada año, miles de neoyorquinos negros y latinos son enviados de regreso a prisión por violaciones técnicas de la libertad condicional.
“Sus vidas se trastornan, sus familias están destrozadas y se enfrentan a un grave riesgo de contraer COVID-19 en prisión, todo porque se perdieron un informe de la oficina o dieron positivo por marihuana ”, señaló McEvilley. “Esto no ayuda para nada a promover la seguridad pública, sólo perpetúa el ciclo de reencarnación mientras le cuesta a nuestro estado que ya tiene dificultades económicas casi $700 millones en el proceso. The Legal Aid Society pide al gobernador Cuomo, a la líder de la mayoría del Senado Stewart-Cousins y al presidente de la Asamblea Heastie que promulguen ya la Ley Menos es Más”.
