“Los periodistas abajo firmantes expresamos abiertamente nuestra preocupación e indignación ante el proceso de despojo de dos derechos elementales, del cual son víctimas los ciudadanos de Nicaragua: la libertad de expresión y el acceso oportuno a una información veraz e independiente”, asegura la solicitada firmada por prestigiosos periodistas del mundo.
Denuncian que desde el inicio de las protestas cívicas, en abril de 2018, el gobierno en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejercido “una represión sistemática” contra las voces disidentes, particularmente contra los medios de comunicación que no tienen bajo su control, hasta llegar a la confiscación de instalaciones donde operaban medios independientes.
En estos días y sin orden judicial, recuerdan, el régimen usurpó las oficinas de los medios Confidencial y 100% Noticias, e inauguró en ellas dependencias de fachada del Ministerio de Salud. “Estos hechos constituyen los más recientes ataques contra el periodismo y son parte de una estrategia de agresión sistemática y abierta desde el inicio de la actual crisis, en abril de 2018, cuando grupos paramilitares afines al gobierno iniciaron ataques directos contra periodistas, documentalistas y reporteros gráficos que cubrían las manifestaciones de protesta a las políticas gubernamentales”, afirman. Y advierten: “La represión se ha agravado desde entonces”.
“Pedimos a los gobiernos democráticos del mundo que exhorten y presionen al presidente Daniel Ortega para que cese de inmediato su política represiva contra los medios y los periodistas independientes”, exigen los firmantes, entre los que se encuentran Rosental Alves, director del Centro Knight de Periodismo de las Américas; Jon Lee Anderson, reportero de The New Yorker y María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Además, demandan “al gobierno de Nicaragua que permita el ingreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, para que puedan investigar en terreno las violaciones a los derechos humanos y la situación de acoso y asfixia que padecen medios y periodistas nicaragüenses”.
También, invitan a los periodistas y a los medios del continente americano, a retomar como tema importante para sus agendas informativas la crisis de derechos humanos y el futuro de Nicaragua.
“En estos días en los que la democracia cruje en muchos países del continente y el mundo, nos proponemos no dejar solos a los periodistas nicaragüenses, en un momento crítico de su valiente historia de denuncias contra la represión en su país”, aseguran.
Nicaragua vive un estado de sitio de hecho. La policía reprime con violencia cualquier expresión opositora en la vía pública. (Cortesía La Prensa)
En la solicitada se documentan 14 ataques específicos:
-El asalto realizado por paramilitares, que destruyó las instalaciones de Radio Darío, en León, el 20 de abril de 2018.
-El asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, el 21 de abril de 2018.
-Agresiones físicas, robos de equipos, amenazas, espionaje e intimidación contra los reporteros en las coberturas noticiosas, por parte de policías y paramilitares.
-El exilio forzado de más de 70 periodistas después de haber sido amenazados de muerte en Nicaragua.
-La exclusión sistemática de reporteros, medios independientes y corresponsales extranjeros en el acceso a la información pública.
-El bloqueo aduanero contra el diario La Prensa y otros medios durante 500 días, para impedirles acceso a papel e insumos.
-El asalto armado, robo y ocupación policial de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias en diciembre 2018.
-La censura de facto impuesta en el sistema de cable y televisión abierta contra 100% Noticias, los programas Esta Semana y Esta Noche y otros medios independientes.
– La criminalización del ejercicio del periodismo, el juicio político y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda (director y jefa de Información de 100% Noticias), sometidos a torturas, entre diciembre de 2018 y junio de 2019.
– Los juicios y condenas por presuntas injurias y calumnias promovidos por funcionarios del régimen, contra los periodistas Kalúa Salazar, David Quintana y William Aragón.
– La Ley Especial de Ciberdelitos (octubre de 2020), que contempla penas de cárcel a periodistas y ciudadanos que incurran en el presunto delito de divulgar “información falsa”.
– La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (octubre de 2020), que obliga a toda organización o persona que reciba financiamiento externo a registrarse como presunto agente extranjero y les prohíbe expresarse sobre asuntos internos del país, conculcando sus derechos políticos. Esto ha provocado la suspensión de labores de varias organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
– Tres allanamientos policiales, en lo que va de 2021, a la residencia particular de Aníbal Toruño en León, director de Radio Darío.
– La confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100 % Noticias, cuyas propiedades fueron adjudicadas el 23 y 25 de febrero de 2021 al Ministerio de Salud, contraviniendo el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe la confiscación de bienes.
Represión en Nicaragua (AFP)
Estos casos, aseguran, “confirman que el actual gobierno nicaragüense ha buscado por distintas vías la asfixia de toda forma de crítica a sus políticas y conflictos de interés que deterioran la calidad de vida de los ciudadanos de ese país, agravada por el oscuro manejo de la pandemia de covid-19”.
Además, denuncian que la creciente opacidad sobre las operaciones financieras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con la minimización de la pandemia, “vuelven aún más urgente el periodismo independiente, para que pueda informar de lo que verdaderamente ocurre en el país”.
Los firmantes advierten que el 7 de noviembre próximo Nicaragua deberá enfrentar un decisivo proceso electoral que no cuenta con ninguna garantía democrática. “Sin periodismo independiente no puede haber elecciones libres y limpias, ni democracia”.
La solicitada, cuenta con numerosas y reconocidas firmas de periodistas internacionales, como Mónica González, fundadora de CIPER; Germán Rey, investigador sobre comunicación, sociedad y cultura; Jean-François Fogel, director de la maestría en gerencia de medios de Sciences Po Paris y presidente del Consejo Rector; Martín Caparrós, periodista y escritor; Héctor Feliciano, escritor y periodista; Natalia Viana, Directora de Agência Pública de Brasil; Leila Guerriero, periodista y escritora y Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo.
