El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, no descarta que sean apresados funcionarios de la Cámara de Cuentas implicados en ilícitos penales en la medida que la investigación sobre la Operación Caracol lo requiera.
Camacho informó que la sede de la CCRD fue allanada por completo y que se encontró montones de pruebas sobre maquillaje de auditorías y violaciones a la ley.
“En la Cámara de Cuentas se ha allanado la institución completa en todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías”, dijo.
Añadió que el Ministerio Público realizará las diligencias de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan delitos, sobre todo, actos de corrupción, al banquillo de los acusados para que respondan por sus hechos.
Con la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses, la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público investigan la gestión de la Cámara de Cuentas encabezada por Hugo Francisco Álvarez Pérez.
Al pleno de la Cámara de Cuentas se le investiga por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
El procurador adjunto Wilson Camacho dirigió el allanamiento en el edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, que acoge a la Cámara de Cuentas en la avenida 27 de Febrero, esquina Abreu, en Santo Domingo.
La Operación Caracol llevó a que un amplio contingente policial, integrado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del equipo Swat, tomaran el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes.
En el allanamiento también participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Además de su presidente Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.
El allanamiento de este lunes se produjo con base en la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes de febrero de 2021 por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
La designación de Garabito Ramírez como jueza de control de la investigación a la Cámara de Cuentas se produjo luego de una solicitud de la Pepca al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina Peña, en virtud del privilegio de jurisdicción que tienen los integrantes del pleno del órgano de supervisión.
Los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.
Camacho aseguró este lunes que el Ministerio Público llegará a todos los involucrados en la obstrucción de justicia y en la comisión de otros delitos que se puedan imputar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.
“Estamos aquí porque en la República Dominicana la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema y no de la solución; ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario; ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor”, dijo Camacho.
Recordó que el Ministerio Público que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito ha demostrado que tiene un “alto estándar” en los resultados concretos de sus investigaciones anticorrupción, como ya quedó demostrado en el Caso Pulpo. El citado expediente mantiene bajo arresto y con otras medidas de coerción a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a funcionarios de sus gobiernos (2012-2020).
“Yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el Ministerio Público bajo la dirección de Miriam Germán Brito”, resaltó Camacho.
El titular de la Pepca respondió a los periodistas que lo abordaron sobre la larga jornada de allanamiento que encabezó en las oficinas de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, con el propósito de recabar pruebas contra sus actuales directivos que son investigados por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.
“En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de “maquillar” auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones (públicas)”, dijo.
“A nuestro juicio, (los miembros de la Cámara de Cuentas) han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que, nosotros, en la medida en que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones de lugar”, sostuvo Camacho.
El responsable de la Pepca rehusó ahondar en detalles sobre las auditorías adulteradas para evitar afectar la investigación en curso en la denominada Operación Caracol.
