¿Estará bien? ¿Habrá dormido? ¿Será que comió? ¿Tendrá frío? Algunas de estas preguntas tan sencillas quedan en el vacío para miles de padres y madres colombianas que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos. Lo único que les queda es la esperanza de algún día recibir una noticia positiva y tener a su ser querido de regreso.
El flagelo de la desaparición de menores no es nuevo. Solo el año pasado, según cifras del Instituto de Medicina Legal, de los 4.680 desaparecidos registrados en el país, 1.579 fueron menores de edad, es decir, el 34 por ciento del total.
Hay un promedio de 4 menores al día desaparecidos. De estos 1.579 menores desaparecidos, 811 aparecieron vivos y 10 muertos. Es decir, de 758 no se conoce aún su paradero.
Los datos en años anteriores se ubicaron en un porcentaje similar: para el 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos (35 por ciento del total de reportados) y, para el 2018, 2.368 (37 por ciento).
Las cifras de Medicina Legal también evidencian que el mayor grupo de desaparecidos se ubica entre los 15 y 17 años.
Al respecto, Diana Ramírez Páez, profesional de Medicina Legal y Secretaria Técnica de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, advierte que este delito debe ser entendido como un fenómeno global y que las primeras horas son claves para reunir las pruebas y lograr el hallazgo del menor.
“Los casos de menores tienen mayor relevancia y se debe empezar una búsqueda inmediata. Es mentira que se deba esperar 24 o 72 horas; si el familiar hace una indagación inicial sin resultados y tiene indicios de su pérdida, debe acudir a las autoridades”, agrega.
Para Andrea Torres Bautista, coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista, organización que desde hace más de 20 años se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, cuando este flagelo ocurre con niños es más doloroso que cualquier otra situación.
“Genera un daño muy grande en sus familias por no saber qué les pasó. Los padres, así sea un caso de hace 20 años, siempre piensan en cómo están sus hijos, si están grandes, si comen, si duermen, siempre con la expectativa de que están vivos”, explica.
Según la experta, en el país se tienen identificados varios grupos de casos sobre la desaparición forzada de niños.
Uno de ellos es el relacionado con los niños que son reclutados por grupos al margen de la ley. El 70 por ciento de los casos que maneja la Fundación tienen que ver con esta situación.
Los padres, así sea un caso de hace 20 años, siempre piensan en cómo están sus hijos, si están grandes, si comen, si duermen, siempre con la expectativa de que están vivos
Torres advierte que estos casos no son exclusivos de zonas rurales. Incluso, en la década de los 2000 hay registros de niños raptados de zonas humildes de Bogotá para llevarlos a conformar la escuela de reclutamiento de los paramilitares en el Meta y Casanare.
“Los menores son la presa más fácil y efectiva para los grupos armados”, indica.
Además de estos grupos ligados al conflicto armado en el país, otras fuerzas oscuras están detrás del fenómeno.
Tal es el caso de muchas niñas, entre ellas estarían las cinco menores que desaparecieron en Suba, en Bogotá, entre en 1995 y 1997, donde -al parecer- las raptaron por el hecho de ser mujeres.
A este grupo se suman los raptos relacionados con trata de personas, además de los casos relacionados con dinámicas que se viven en algunas zonas donde impera el microtráfico, donde los armados buscan reclutar a los menores y a quienes les den una negativa los desaparecen.
Diana Ramírez, quien desde hace 18 años trabaja el tema de la desaparición, sostiene que algunos de los casos relacionados a menores se han dado en el contexto de la desaparición forzada, el secuestro, la trata de personas, el reclutamiento o cualquier delito contra la libertad personal.
Otros casos, por ejemplo, están asociados a contextos de violencia intrafamiliar y abuso sexual. En episodios de conflicto en el hogar, explica Ramírez, es común que se den desapariciones voluntarias y es necesario el acompañamiento de otras entidades e incluso, el restablecimiento de derechos.
La sicóloga también llama la atención sobre la cibercriminalidad: “Los delincuentes, más ahora en pandemia, aprovechan que los niños usan más las redes sociales y tiene mayor acceso a internet para manipularlos, engañarlos y contactarlos”.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que cada investigación debe abordarse en contexto general y en el desarrollo de la misma “se van fijando las respectivas hipótesis conforme a los hallazgos y los elementos probatorios”.
El ente acusador señala que cada proceso es particular y no se archivan “hasta que se haya agotado por parte del fiscal la debida diligencia y estrategias investigativas para dar con el paradero de la presunta víctima”.
Durante los últimos 5 años, la Fiscalía tiene activas 1.099 investigaciones por el delito de desaparición, según el sistema de información SPOA.
Además, se encuentra que la mayoría de las víctimas fueron niñas de 15 años en zonas urbanas, aunque las edades recurrentes de las víctimas de este delito se ubican desde los 11 a los 17 años. Y el lugar de los hechos donde fueron raptadas principalmente fueron vías públicas y casas.
A muchos padres los años se les pasan rogando por alguna noticia que aclare qué pasó con sus hijos. También esperan que un día amanezcan con ellos abrazados, pensando que todo fue un mal sueño. Ese anhelo, dicen, es lo último que pueden perder.
En el norte de Colombia, en Santa Marta, Alí Sánchez espera por algún dato que lo ayude a aliviar el dolor que lo atormenta desde el pasado 28 de octubre del 2018. Ese día su esposa, Karen Maldonado, cuidaba de Alí David -un bebé de 2 años– en Minca, zona rural de la capital del Magdalena.
Para nosotros, y es lo que siempre se ha pensado, al hijo se lo llevaron de aquí mismo, de nuestra propia casa
La casa de la familia Sánchez Maldonado se ubica cerca de la quebrada Minca, Karen salió cinco minutos a un oficio, pero cuando volvió su hijo Alí David había desaparecido.
Primero se pensó que el niño había caído al agua, pero los socorristas tras más de 15 días de búsqueda por el río no hallaron evidencia del bebé. Esa hipótesis, dice Alí, fue descartada. “Al niño se lo llevaron”, concluye el padre.
“Para nosotros, y es lo que siempre se ha pensado, al hijo se lo llevaron de aquí mismo, de nuestra propia casa”, dice Alí.
Alí David -un bebé de 2 años- desapareció en 2018 en Minca, zona rural de Santa Marta.Foto:
Cortesía familiar
El padre de familia, quien tiene otros dos niños, busca por todos lados al pequeño Alí David, pero dice estar solo en la indagación. “La incertidumbre durante estos dos años y cuatro meses desde la desaparición de Alí David es total. No sabemos qué pasó en realidad, es un misterio. Cuando voy a la Fiscalía me dicen que el fiscal del caso no está, que me van a llamar. El tiempo ha pasado y todavía mi celular no suena para escuchar alguna razón”, cuenta Alí.
Otro caso ocurre al sur del país, en Buesaco, Nariño, donde el 28 de diciembre del 2014 un grupo de al menos seis personas fraguó un plan para raptar a la niña Paula Nicole Palacios, de 5 años en ese entonces.
Lo último que supe fue que la vendieron por una venta de órganos (…), que los compradores estarían en Cali, esperando la llegada de la menor. En este momento no sé sí está viva o muerta
Aunque investigadores de la Fiscalía lograron aclarar cómo fue que la niña fue raptada, su paradero sigue siendo incierto. Por este caso tres personas pagan una condena de 42 años y 6 meses de prisión, entre ellos José Germán Paguatián Isandará, por su responsabilidad en el delito de desaparición forzada agravada.
“Lo último que supe fue que la vendieron por una venta de órganos (…), que los compradores estarían en Cali, esperando la llegada de la menor. Después no supe para dónde se la llevaron. En este momento no sé sí está viva o muerta”, dijo en su momento Paguatián, aceptando su participación en el rapto.
Elizabeth Narváez, madre de Paula Nicole, cuenta que aún falta la captura de la persona clave: Blanca Digna López, a quien el propio Paguatián señaló como la cabeza del plan.
Así se vería hoy Paula Nicole Palacios.Foto:
Cortesía familiar
Esta mujer fue capturada en noviembre del 2015, quedó en libertad meses después por vencimiento de términos, desde entonces se encuentra prófuga de la justicia. Solo la confesión de ella, a quien le entregaron la menor tras el rapto, aclararía qué pasó con Paula Nicole.
La madre de la menor lleva cinco años llorando a su hija, pero siempre ha mantenido la esperanza de encontrarla viva. Hace unas semanas, a través de la Gobernación de Nariño, se logró un retrato que mostraría la transformación de la niña, quien hoy tendría 12 años.
“Espero hallarla viva. Es muy fea la incertidumbre, querer saber dónde está”, dice Elizabeth.
(Lea además: Asesinos en serie)La responsabilidad del Estado
Diana Ramírez, profesional de Medicina Legal, advierte que independientemente de las causas de la desaparición del menor, el Estado tiene la responsabilidad de buscarlo hasta encontrarlo.
“Los derechos de los menores prevalecen sobre los demás, los niños tienen un mayor grado de vulnerabilidad y existe una responsabilidad no solo de sus progenitores o quienes están a cargo, sino del Estado en general de salvaguardar su vida”, dice.
Sin embargo, Andrea Torres Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista, señala que la justicia interpone muchas barreras que impiden que se solucionen los casos de los niños y reina la impunidad. “En Colombia no hay uno ni dos casos, son cientos de niños que desaparecieron y nadie habla de ellos. Se quedan en la impunidad, con padres que no se cansan de llorar”.
En el caso de los menores que fueron desaparecidos por los paramilitares, señala Torres, hay imputados y sentencias, pero los señalados no reconocen lo que pasó con los niños y no se sabe la verdad.
En Colombia no hay uno ni dos casos, son cientos de niños que desaparecieron y nadie habla de ellos. Se quedan en la impunidad, con padres que no se cansan de llorar
¿Qué hacer ante una desaparición?
Si usted tiene certeza de que su familiar, en este caso menor de edad, está desaparecido puede notificarlo ante las autoridades físicamente o por correo electrónico. Para ello, requiere entregar la siguiente información: nombre completo de la persona desaparecida, documento de identidad, fecha y lugar de la desaparición, características físicas y una foto reciente.
En Bogotá, la ruta de búsqueda comienza por Instituto de Medicina Legal. Tan pronto se documenta el caso, los investigadores realizan la búsqueda entre el reporte de necropsias medicolegales para descartar esta opción y, luego, se remite a la autoridad competente (Policía judicial, Dijín, CTI, entre otros) para continuar con la búsqueda. La información se ingresa al SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) donde se puede consultar la información por todas las entidades.
Tenga claro que los familiares tienen el derecho de conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda, según lo establece el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Cuando se trata de un menor desaparecido, la Fiscalía tiene contacto con los coordinadores zonales de Defensoría de Familia del ICBF, y según sea el caso, se apoyan actividades con las secretarías de Integración Social del municipio o quien haga sus veces, Policía de Infancia y Adolescencia, y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
