El Estado ha pagado RD$26,835 millones de pesos, lo que equivale a US$563 millones en apenas ocho años como parte de los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria de la Autopista del Nordeste, según revela la periodista Alicia Ortega en el programa El Informe.
Inaugurada en diciembre de 2008, la vía sólo ha dejado pérdidas al fisco; sin embargo, la empresa de capital colombiano Autopistas del Nordeste, que tiene la concesión, tiene sus beneficios garantizados. El contrato, adjudicado en 1999, aprobado por el Congreso en 2002 y ejecutado a partir de 2005, establece la garantía de un ingreso mínimo en sus inicios y en sus adendas posteriores.
“Ese contrato tiene una cláusula leonina que establece una tasa de retorno obligatoria para la compañía de un mínimo de 16.9 cuando las tasas de retorno de las deudas públicas no pasan de un 3 o un 4 por ciento,” dijo el senador por Samaná Pedro Catrain al El Informe con Alicia Ortega.
Catrain añade que “no puede argumentarse la seguridad jurídica cuando existe un contrato tan perjudicial para el Estado y para los intereses del desarrollo turístico de la provincia de Samaná”.
Cada año el gobierno se ve obligado a pagar miles de millones de pesos gracias a una cláusula que garantiza a la empresa concesionaria un ingreso mínimo, que al no ser cubierto por la baja circulación vehicular, debe ser compensado por el Estado. Los cálculos en base a la circulación proyectada se basaron en un estudio.
“Fue tendenciado”, señaló Catrain. “Se proyectó que por la carretera SD Samaná iba a pasar una cantidad de vehículos que nunca realmente podía haber sucedido”.
La cláusula en cuestión fue refrendada en 2001 por el entonces secretario de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado y así lo demuestra el articulo duodécimo que dice que el Estado, “garantiza un ingreso mínimo para la etapa de operación plena del proyecto” y que “sustenta la ingeniería financiera básica” del mismo.
Actas rubricadas en agosto de 2005 y enero de 2006, respectivamente, por el entonces secretario de Obras Públicas Freddy Pérez estipulan que: “El Estado Dominicano tiene la obligación de garantizarle a la concesionaria un mínimo ingreso a fin de mantener el equilibrio económico del proyecto”
Igualmente ocurrió en el acta de acuerdo número 10 firmada por el entonces secretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa en agosto de 2007.
Poco más de tres meses después, en noviembre de 2007, Díaz Rúa también firmó el tramo Nagua, Samaná, Las Terrenas, Aeropuerto El Catey-Rincón de Molinillos y allí se volvió a garantizar ingreso mínimo, también denominado peaje sombra.
Pero eso no es lo único que la empresa concesionaria tiene garantizado, también el pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, ITBIS.
Así lo refleja el acta de acuerdo número seis que estipula en sus motivaciones que “a la fecha de presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte adicional”.
“Se debe hacer una investigación para de una vez por todas dar una muestra de que debe haber un sistema de consecuencias ante las irresponsabilidades de los funcionarios porque muy alegremente se firman los contratos pero las consecuencias no deben ser solo del pueblo dominicano sino de ese funcionario o funcionarios responsables del cumplimiento de su función y una de sus funciones es defender el dinero del pueblo”, sostiene Rosalía Sosa, integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana.
Doce años después de su inauguración el Estado busca rebajar la cantidad desembolsada y para esto ha formado una comisión que ya se ha reunido con representantes de la empresa.
