Santo Domingo, RD. La legislación dominicana establece diferentes destinos para las armas de fuego retiradas de circulación; mientras algunas son enviadas a depósitos oficiales y posteriormente destruidas, otras permanecen vinculadas a investigaciones judiciales e incluso pueden ser asignadas para uso de seguridad en instituciones del Estado, bajo condiciones específicas.
La Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establece los procedimientos para la remisión, custodia y destrucción del armamento incautado. Sin embargo, la destrucción no constituye el único destino posible, por lo que las armas ocupadas durante operativos policiales no necesariamente terminan en las instalaciones de Metaldom.
El artículo 91 de esta legislación dispone que las armas consideradas de guerra sean remitidas a la Intendencia General de Material Bélico de las Fuerzas Armadas, mientras que las de uso civil reguladas por la ley deben enviarse al depósito del Ministerio de Interior y Policía (MIP), cuando su destrucción o confiscación no haya sido expresamente dispuesta.

En ese sentido la Resolución MIP-RR-0008-2021 establece que la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, integrada por Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República, debe elaborar un protocolo de destrucción.
La diferencia entre un arma incautada y una decomisada radica en que la primera puede estar retenida como parte de una investigación o procedimiento administrativo, mientras que el decomiso definitivo, según la resolución MIP-RR-0006-2021, requiere una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Esto significa que la ocupación de un arma durante un operativo no implica automáticamente su destrucción ni que haya pasado a ser propiedad definitiva del Estado.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Interior y Policía explicó que, una vez agotado el procedimiento correspondiente promovido por el Ministerio Público, las armas decomisadas son remitidas a esa institución para su custodia o destrucción, según corresponda.
¿A dónde van las armas decomisadas?
Metaldom y la destrucción de las armas
Una de las etapas del proceso se desarrolla mediante jornadas de destrucción de armamento coordinadas por Interior y Policía, con el apoyo de Metaldom y la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego.

El 2 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron la destrucción de 3,945 armas y elementos relacionados, que incluían pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, armas de fabricación casera, piezas y cargadores.
Esto debido a un acuerdo entre el Estado dominicano, a través de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas de Fuego, con con la empresa Gerdau Metaldom para la destrucción de armas de fuego confiscadas, excedentes de inventario u obsoletas, firmado en 2020.
El convenio tiene como propósito principal garantizar la adecuada destrucción de estas armas, asegurarse de que no puedan volver a utilizarse y que en este proceso no se corran riesgos para el personal involucrado, la población en general y el medioambiente.
La normativa exige, además, que antes de la destrucción se registren las características físicas que permitan identificar cada arma, junto con la información de sus propietarios o poseedores.
Las armas pueden terminar en instituciones públicas
Más allá de los procesos de destrucción, la regulación dominicana contempla que determinadas armas bajo custodia estatal puedan ser destinadas nuevamente a funciones oficiales.
La Resolución MIP-RR-0006-2021, emitida por Interior y Policía, establece un procedimiento para asignar armas de sus depósitos a militares y policías designados para brindar seguridad en instituciones públicas.

La disposición incluye armas decomisadas definitivamente, entregadas voluntariamente y otras que pasan a integrar el inventario estatal bajo las condiciones previstas en la resolución.
Para realizar estas asignaciones, el personal beneficiario debe pertenecer a un cuerpo policial o militar, estar designado para labores de seguridad y no contar con un arma de reglamento.
La institución solicitante debe presentar la documentación correspondiente, mientras que Interior y Policía debe verificar la disponibilidad del armamento y emitir la autorización respectiva.
Las armas asignadas deben utilizarse exclusivamente en las funciones de seguridad autorizadas y devolverse cuando cese el servicio del beneficiario, salvo que se tramite una nueva asignación.
El INACIF puede conservar armas para investigaciones criminales
Otro destino previsto en la legislación es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El artículo 93 de la Ley 631-16 establece que, antes de destruir el armamento, el Ministerio de Interior y Policía debe disponer de un ejemplar por cada marca, modelo y calibre para la formación de una colección de referencia científica.
Este mecanismo permite conservar ejemplares destinados a apoyar investigaciones criminales, incluidas las relacionadas con el análisis e identificación de armas de fuego.
Los expedientes judiciales también condicionan el destino del armamento
Las armas ocupadas como evidencias en investigaciones criminales deben mantenerse sujetas a los procedimientos correspondientes hasta que las autoridades competentes determinen su situación legal.
Un ejemplo se produjo en febrero de 2025, cuando la Fiscalía de Santo Domingo Oeste entregó 94 armas de fuego al Ministerio de Interior y Policía, entre ellas seis armas de guerra. La entrega también incluyó 17,000 municiones introducidas de contrabando por el puerto de Haina.
De acuerdo con la información oficial, las armas estaban vinculadas a casos judiciales cerrados y fueron remitidas para continuar el procedimiento de decomiso.
Lo que evidencia que el traslado del armamento puede producirse después de que concluya el proceso judicial, y no necesariamente en el momento de su ocupación.
Más de 6,300 armas retenidas durante 2024
Las cifras oficiales reflejan el volumen de armamento que las autoridades dominicanas retiran de circulación mediante operativos policiales, allanamientos, controles de licencias e investigaciones vinculadas a actividades delictivas.
De acuerdo con un balance de la Fuerza de Tarea Conjunta, divulgado por la Presidencia de la República el 13 de enero de 2025, durante 2024 fueron retenidas 6,397 armas de fuego, además de 45,133 armas blancas.

Para septiembre de 2025, la Policía Nacional informó que había recuperado 5,700 armas de fuego durante ese año. De estas, 3,958 fueron clasificadas como ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.

En cuanto a 2026, un reporte oficial de criminalidad de la Policía Nacional, fechado el 13 de noviembre, registró 345 armas en su módulo correspondiente a noviembre. De ese grupo, 235 eran ilegales, 77 estaban bajo investigación pese a contar con documentación legal, 25 tenían licencias vencidas y ocho figuraban como robadas.