La decisión del alcalde Zohran Mamdani de disolver el Grupo de Respuesta Estratégica (SRG) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reavivó el debate sobre cómo deben actuar las autoridades durante las manifestaciones y qué límites deben tener sus intervenciones.
Mamdani y la comisionada policial Jessica Tisch anunciaron este lunes que el grupo será desmantelado en la primavera de 2027. El alcalde dijo que su administración establecerá un enfoque dirigido por civiles, con prioridad en el diálogo y la desescalada. La unidad, creada en 2015 para atender amenazas terroristas y controlar multitudes, ha enfrentado demandas por presunta brutalidad policial.
La propuesta dividió a funcionarios, organizaciones civiles, comerciantes y sindicatos policiales. Grupos de derechos civiles celebraron el cambio y respaldaron el proyecto municipal CURB, impulsado por el concejal Chi Ossé, que busca establecer límites legales a la actuación del NYPD durante protestas y otras reuniones protegidas por la Primera Enmienda. También reclamaron supervisión sobre el uso de la fuerza, la vigilancia y los arrestos.
La rama neoyorquina de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos calificó de histórica la creación de un equipo civil para dialogar con manifestantes y dijo que seguirá impulsando el proyecto para impedir que se reproduzcan las prácticas del SRG bajo otro nombre.
Comerciantes y sindicatos expresan preocupación
Francisco Marte, presidente de la Asociación de Pequeños Comercios y Bodegas de Nueva York, advirtió que los negocios de barrio podrían quedar más expuestos si las protestas derivan en vandalismo o saqueos. Dijo que muchos pequeños comerciantes carecen de los recursos de las grandes cadenas para recuperarse de esos daños.
Los sindicatos policiales también cuestionaron la decisión. Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía, acusó al alcalde de arriesgar la seguridad de los agentes y del público para cumplir compromisos políticos. El concejal de Queens Phil Wong pidió mantener el SRG y crear, en cambio, una unidad especializada para intervenir cuando haya alteraciones en las calles.
Scott Munro, presidente del sindicato de detectives, defendió la labor de los agentes de la unidad. El exjefe del NYPD John Chell sostuvo que la reorganización podría causar lesiones, daños a la propiedad y trastornos para los residentes.
Tisch afirmó que el cambio no reducirá la capacidad del departamento para proteger a la población ni dejará a los agentes sin recursos ante amenazas graves. Un oficial hispano del NYPD, que habló bajo condición de anonimato, dijo que le preocupa cómo respondería el equipo civil si personas se infiltran en una protesta para cometer actos vandálicos. A su juicio, la coordinación con policías entrenados sería necesaria si la situación se sale de control.
El debate también se relaciona con la reforma estatal de fianzas, que entró en vigor en enero de 2020 y eliminó la fianza en efectivo para la mayoría de los delitos menores y los delitos graves no violentos. La Legislatura modificó la ley en 2022 y 2023. Marte citó esa reforma como antecedente de su preocupación por las consecuencias de cambios en las políticas de seguridad.