Las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre definirán la composición del Congreso de Estados Unidos y podrían modificar las condiciones en las que el presidente Donald Trump desarrolla su política hacia América Latina.
Las sanciones contra Cuba y Venezuela, las negociaciones comerciales con México y Brasil y los acuerdos de cooperación con países como República Dominicana figuran entre los asuntos que podrían verse afectados por un cambio en el equilibrio legislativo.
El politólogo e internacionalista Gabriel Clavijo explicó a EFE que un avance del Partido Demócrata reduciría la capacidad institucional del mandatario para impulsar sus reformas. Una oposición con mayor presencia parlamentaria también podría intensificar la supervisión de las decisiones de política exterior y condicionar la asignación de recursos.
En Cuba, la Administración de Trump ha reforzado las restricciones con un bloqueo petrolero que ha agravado los apagones y con sanciones dirigidas a funcionarios, empresas estatales, negocios privados e inversores extranjeros. A ese escenario se suma una orden de arresto estatal contra el expresidente Raúl Castro, obtenida en Florida el 19 de octubre.
Una mayoría demócrata podría poner obstáculos a nuevas restricciones, aunque el resultado electoral no supondría la eliminación automática de las sanciones vigentes.
Los antecedentes muestran diferencias entre las administraciones demócratas. Barack Obama, quien gobernó entre 2009 y 2017, restableció las relaciones diplomáticas con Cuba y flexibilizó medidas sobre comercio, viajes y remesas. Joe Biden, presidente entre 2021 y 2025, centró parte de su política regional en atender las causas de la migración centroamericana, pero mantuvo las sanciones contra Venezuela y buena parte de las restricciones hacia Cuba.
En el caso venezolano, Washington sostiene una relación pragmática con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, mientras Caracas busca el levantamiento de las sanciones. El internacionalista Mariano de Alba consideró que las elecciones no modificarán quién dirige esa política en Estados Unidos, aunque podrían cambiar los incentivos de los actores involucrados.
Las relaciones comerciales constituyen otro frente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negocia una reducción de los aranceles estadounidenses sobre automóviles, acero y aluminio, al tiempo que mantiene la colaboración en seguridad y migración.
El Gobierno mexicano también exige respeto a su soberanía y reciprocidad para enfrentar el tráfico de armas. En medio de la competencia comercial entre Washington y Pekín, México ha elevado los aranceles a productos chinos para favorecer la producción norteamericana, mientras procura conservar sus vínculos económicos con China.
Brasil enfrenta tensiones por los aranceles, las diferencias diplomáticas y la designación estadounidense de dos bandas brasileñas vinculadas al narcotráfico como organizaciones terroristas.
Ese panorama coincide con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre. Después de perder, Bolsonaro viajó a Estados Unidos y recibió el respaldo público de Trump.
Guilherme Amorim, abogado y doctor en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, estimó que una nueva correlación de fuerzas en el Congreso podría llevar al mandatario estadounidense a actuar con mayor discreción en su apoyo a la familia Bolsonaro.
Otros países han afianzado la cooperación con Washington. República Dominicana integra la iniciativa Escudo de las Américas junto con Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Para Clavijo, ese mecanismo permite a Trump consolidar su influencia sobre la política latinoamericana.
Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, mantiene una relación especialmente vinculada al apoyo financiero estadounidense. En 2025, Washington respaldó al país mediante un acuerdo de intercambio de divisas de hasta 20,000 millones de dólares y compras de pesos para contener la volatilidad cambiaria.
Ese apoyo no asegura nuevas intervenciones. Un avance demócrata podría complicar futuros mecanismos de asistencia mientras Argentina afronta sus compromisos de deuda.
El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, ha fortalecido la cooperación migratoria con Estados Unidos, incluida la recepción de venezolanos deportados en su prisión de máxima seguridad. Bolivia, presidida por Rodrigo Paz, también ha retomado la colaboración bilateral después de varios años de distanciamiento.
