Las cifras de muertes en los hogares de ancianos podrían ser en realidad hasta un 50% más de las que ha entregado como oficiales el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, según reveló este jueves un informe de la fiscal general Letitia James.
El informe es el resultado de las investigaciones de las denuncias de negligencia contra los pacientes de los asilos de ancianos durante la pandemia de COVID-19. Desde marzo, la fiscal general dispuso una pesquisa en los hogares de ancianos en todo el estado para determinar tales conductas y si se cumplían los protocolos de bioseguridad con los residentes y empleados.
El principal hallazgo apunta a que un número mayor de residentes de los ancianatos murieron por COVID-19 que los 8.500 los fallecimientos que reflejaban los datos publicados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH).
A través del estado hay unos 619 hogares de ancianos, 401 de estas instalaciones son entidades con fines de lucro, de propiedad y operación privada. De las 401 instalaciones con fines de lucro, más de dos tercios, es decir 280 hogares de ancianos tienen las calificaciones de personal de Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) más bajas posibles. La calificación de dotación de personal refleja la cantidad de horas de personal en el departamento de enfermería de un centro en relación con la cantidad de residentes.
Al 16 de noviembre, 3.487 muertes de residentes de COVID-19 (más de la mitad de todas las muertes) ocurrieron en estas 280 instalaciones.
No obstante, el estudio precisa que el número total de fallecimientos en Nueva York no aumenta, pues considera que esas muertes sí constan en la cifra general, a pesar de no haberse atribuido a las residencias de ancianos.
