El jefe del Estado Mayor español, el general Miguel Ángel Villarroya, presentó este sábado su dimisión tras ser acusado de saltarse el protocolo para recibir la vacuna contra el coronavirus, anunció la cúpula militar en un comunicado.
“Con el objetivo de preservar la imagen de las Fuerzas Armadas, el General Villarroya ha presentado hoy a la Ministra de Defensa su solicitud de cese”, a través de una misiva, indicó el Estado Mayor en el comunicado. Según una fuente del mismo consultada por la agencia de noticias AFP, su dimisión fue aceptada por la ministra titular, Margarita Robles.
En la carta, Villarroya defendió su decisión de vacunarse pese a que no figuraba en los grupos prioritarios y argumentó que “en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolos establecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas” había tomado “recientemente decisiones que considera acertadas”, pero que están “deteriorando la imagen pública de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda” su “propia honradez”.
Pese a que afirmó que “nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables”, pidió su cese como Jefe del Estado Mayor de la Defensa “con la conciencia tranquila”.
Fuentes del Estado Mayor de la Defensa confirmaron al periódico español El País que Villarroya y otros generales de las Fuerzas Armadas habían recibido ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech. El plan de vacunaciones de Defensa ordenaba administrarla, en primer lugar, a los sanitarios militares; y, luego, a los efectivos que deben desplegarse en misiones internacionales.
La noticia generó un profundo malestar dentro en el seno militar y en el Ministerio de Defensa, que pidió el viernes un informe al general Villarroya tras haberse dado a conocer que él y otros jerarcas ya habían sido vacunados.
Miguel Ángel Villarroya (d) y la ministra de Defensa, Margarita Robles
Los políticos vacunados contra el COVID-19, una polémica que no cesa en España
La vacunación de políticos contra, aunque no están entre los grupos con preferencia para recibir la dosis, está causando una creciente polémica en España.
El último caso entre los más sonados es el responsable de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, quien este viernes recibía el apoyo del Gobierno de esta ciudad española en el norte de África, del conservador Partido Popular (PP), ante los pedidos desde la oposición para que dimita.
Los responsables de Sanidad están en primera línea en la lucha contra el enfermedad. Es uno de los argumentos en casos como este para justificar que un político se vacune aunque la prioridad en el país pasa primero por las residencias de mayores o los profesionales sanitarios.
El protocolo, sin embargo, no detalla qué hacer cuando sobra una dosis, para evitar que se pierda si no se administra antes de que quede inservible en pocas horas, y esa es otra de las razones esgrimidas por algunos políticos, como alcaldes de pequeñas localidades, de partidos de distinto signo.
No consta tampoco que estén previstas sanciones, más allá de las consecuencias políticas, como la dimisión del responsable de Salud de la región de Murcia (este), Manuel Villegas, el político de más calado al que por ahora le ha costado el puesto el vacunarse antes de tiempo, y uno de los pocos además.
El goteo de políticos en la palestra por recibir la dosis continuaba este viernes con casos como dos alcaldes en la provincia de Zaragoza (noroeste), uno del PP y otro del socialista PSOE, con justificaciones parecidas: que tienen contacto con grupos de riesgo como ancianos, que se lo recomendó personal sanitario, que las dosis se habrían perdido por no poder administrarlas a otros.
