Este diario digital realizó un trabajo periodístico sobre las muertes ocurridas durante operativos policiales en República Dominicana, las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y los obstáculos que, según abogados y organizaciones de derechos humanos, enfrentan algunas personas para entregarse voluntariamente a la justicia.
A través de testimonios de familiares, entrevistas a juristas, imágenes de cámaras de seguridad y cifras históricas, la investigación examina los casos de Aneury Santiago Cabrera Estévez, alias Lucifer, y Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, que han generado cuestionamientos sobre los procedimientos policiales y las garantías de las personas requeridas por las autoridades.
El trabajo plantea la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento y determinar posibles responsabilidades, bajo el principio de que la persecución del delito debe realizarse dentro del marco legal y con respeto al derecho a la vida.
Yudith Estévez, hermana de Lucifer, expresó a N Investiga el dolor que le ha dejado la muerte de su familiar, un caso que se suma a los cuestionamientos sobre las actuaciones policiales y las circunstancias en las que pierden la vida personas señaladas por la comisión de delitos.
«Porque nadie quiere que un hijo o un hermano le salga así. Yo no quisiera, pero tampoco yo no quería que él cayera así», manifestó.
Más allá de este caso, las denuncias abarcan las cifras históricas de muertes durante operativos policiales, las declaraciones de antiguos responsables de la institución y el manejo de las evidencias en las escenas.
Las cifras de las muertes policiales a través de los años
En República Dominicana, el término «intercambio de disparos» se ha utilizado históricamente en los informes policiales para describir enfrentamientos en los que mueren personas señaladas por hechos delictivos. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y cuestionado el uso de la fuerza letal en determinadas intervenciones.
Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana, cuestiona la frecuencia de estos hechos y la forma en que las autoridades justifican algunas de las muertes.
«Las muertes extrajudiciales, muertes de intercambio de disparos y ahora que le llaman acciones legales. Yo no sé qué legal es eso, porque a lo largo de 30 años la Policía Nacional ha asesinado alrededor de 7,266 personas», afirmó.
Los registros históricos citados en el material de esta investigación atribuyen aproximadamente 1,200 fallecimientos a actuaciones policiales durante la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, entre 2008 y 2010, período correspondiente al gobierno de Leonel Fernández.
Otro de los referentes de la política de mano dura contra la delincuencia fue el mayor general Pedro de Jesús Candelier, quien dirigió la Policía Nacional durante el gobierno de Hipólito Mejía y el último año del primer mandato de Fernández.
En una entrevista, al ser preguntado sobre si pediría a un delincuente que eligiera la vía para entregarse, Candelier respondió: «No hay que pedirle favores ni hay que decirle nada. Tú, con la inteligencia, lo buscas y lo sometes al orden, a cumplir la ley. Ahora, si te enfrentó, llévatelo».
Los registros citados sitúan en aproximadamente 819 los fallecidos durante su gestión, entre 1999 y 2001. Posteriormente, durante la jefatura de Jaime Marte Martínez, entre 2002 y 2004, se contabilizaron alrededor de 760 muertes. En tanto, durante la gestión de José Aníbal Sanz Jiminián, entre 1997 y 1998, se reportaron aproximadamente 604 fallecidos.
Al desglosar los datos por períodos presidenciales, los registros citados sitúan en 1,214 las muertes durante el primer gobierno de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000; en 1,060 durante la administración de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004; y en 2,810 durante los gobiernos de Fernández entre 2004 y 2012.
Durante los ocho años de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, se reportaron 1,092 fallecidos. En la administración de Luis Abinader, el material recoge 77 muertes en 2021, 227 en 2024 y 190 en 2025.
«En los períodos de Leonel Fernández aquí mataron alrededor de 4,034 personas. Entonces, es una política para, entre comillas, quitar del medio a esos jóvenes supuestamente delincuentes», agregó Mercedes.
Las cifras citadas requieren ser contrastadas con sus fuentes originales, los períodos exactos y las categorías utilizadas para clasificar las muertes. No obstante, las denuncias mantienen abierto el debate sobre los métodos empleados para combatir la delincuencia y los mecanismos de supervisión de las actuaciones policiales.
Las declaraciones del exdirector policial y las nuevas interrogantes
En agosto, el entonces director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, pronunció unas declaraciones sobre la integridad en el servicio público que generaron diversas interpretaciones.
«No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público», expresó.
Aunque algunos sectores interpretaron sus palabras como una referencia a la lucha contra la corrupción, el abogado Carlos Balcácer considera que el mensaje podría estar relacionado con otras actuaciones que, a su juicio, merecen ser investigadas.
«Parece que se le propuso al pasado director de la Policía, a Cruz, que eso era lo que venía. Y él dijo: “No, conmigo no pueden contar con eso”. Por eso, se despide de la Policía y le dice: “Cuidado, ¿eh? No manchen sus uniformes, cuiden sus uniformes”. Porque él veía ya lo que venía. Eso está ahí», sostuvo Balcácer.
Esta interpretación del abogado no confirma por sí sola que existiera una propuesta para realizar actuaciones ilegales. Sin embargo, sus declaraciones se producen en medio de nuevos cuestionamientos sobre las muertes registradas durante operativos policiales.
Según las cifras recopiladas para esta investigación, durante los primeros dos meses de gestión del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García se habrían registrado cerca de 100 muertes vinculadas a actuaciones policiales: 55 durante septiembre y aproximadamente 45 en lo que va de octubre.
Al 28 de septiembre, los homicidios registrados en el país alcanzaban los 817. De ese total, 196 fueron atribuidos en el material a actuaciones de la Policía Nacional, equivalentes al 23 %.
Estas estadísticas deben contrastarse con los registros oficiales para precisar las circunstancias de cada fallecimiento y las categorías utilizadas para su clasificación.
Lucifer: una muerte que quedó bajo cuestionamiento
Entre las familias que cuestionan las versiones ofrecidas por las autoridades está la de Aneury Santiago Cabrera Estévez, conocido como Lucifer, de 38 años, quien era buscado por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia.
Murió tras resultar herido de bala durante un operativo de agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el ensanche La Paz, del Distrito Nacional. La versión policial sostuvo que el hombre se enfrentó a los agentes, pero su hermana, Yudith Estévez, cuestiona las circunstancias en las que perdió la vida.
Estévez reconoce que su familiar comenzó a delinquir durante la adolescencia y que fue detenido en múltiples ocasiones. También relata que, pese a los intentos de la familia por aconsejarlo, su comportamiento empeoraba después de salir de prisión.
«Él era un muchacho normal como todos, incluso él viajaba a España, no tenía adicción, pero esos viajes, un muchacho de 16 años maneja dinero, hubo parte de mala influencia, los amigos lo llevaron a consumir, a llevar esa mala vida», relató.
La hermana explicó que en ocasiones ella misma lo entregaba a las autoridades para que respondiera por sus actuaciones.
Horas antes de morir, Lucifer había visitado a su hermana y le advirtió que la Policía lo estaba buscando. Ella le recomendó entregarse, pero él se negó.
«Él dice que tenía dos órdenes de arresto, con dos órdenes de arresto, no era para matarlo, era para agarrarlo preso», expresó Estévez.
La muerte fue reportada como resultado de un intercambio de disparos. Sin embargo, la difusión posterior de imágenes de cámaras de seguridad abrió interrogantes sobre lo ocurrido durante el operativo.
Axel Ferreras: la defensa denuncia obstáculos para entregarlo
El caso de Lucifer no es el único que ha generado cuestionamientos sobre las garantías de las personas buscadas por las autoridades. En Barahona, Axel Naviosky Ferreras, conocido como Cutico, fue vinculado a un incidente en el que resultaron heridos un civil y un agente policial.
El hecho ocurrió en la avenida Luperón, donde también resultó herido el agente Erasmy Moreta y Wilmer Lara Féliz, señalado por las autoridades como un presunto delincuente.
Según la versión policial difundida por los medios, ambos se desplazaban en una motocicleta cuando una patrulla intervino. Las autoridades sostuvieron que presuntamente se disponían a cometer un atraco y que, al advertir la presencia de los agentes, se produjo un enfrentamiento a tiros.
Axel, quien viajaba como acompañante de Wilmer Lara, relató que se asustó al percatarse de que este portaba un arma de fuego.
«Ahí, ahí es que yo me asusto cuando veo que él tiene un arma. Me asusté y iba a frenar y él me dijo que acelere, acelera, acelera. Me está, me está dando para atrás para que acelere. Y yo aceleré. Y de ahí ya me escuché los fuetazos y ya», contó.
Durante la entrevista, reconoció que su acompañante habría disparado contra la Policía y afirmó que este llegó a apuntar con el arma a otra persona.
«Él no lo encañonó, ¿como te digo? Él le iba a tirar, sí, lo apuntó», declaró al ser cuestionado sobre lo ocurrido.
El aspecto que centra la denuncia de sus abogados es lo ocurrido después. Según la defensa, a primera hora del día siguiente del incidente, la familia contactó al bufete para coordinar la entrega voluntaria del joven en Barahona.
Sin embargo, aseguran que acudieron a distintas dependencias policiales y al Ministerio Público, pero no lograron que lo recibieran.
Gilbert Ronaldo Matos Cuevas, uno de sus abogados, relató que primero acudieron a la Policía, donde conversaron con el coronel del DICRIM, el vocero de la institución y el subdirector.
«Estos nos dijeron que no nos podían recibir y que para recibirlo teníamos que llevar el arma de fuego. Luego fuimos donde el fiscal de Barahona y él nos expresó que él no podía recibir a ese joven», afirmó.
La defensa cuestiona que, pese a existir un aviso de búsqueda policial y una orden de arresto identificada con el número 2026-AJ009156, no se facilitara la entrega del joven. El documento señala que era buscado por su presunta participación en un ataque a una patrulla policial.
La frase «estar en 29» se ha popularizado en las últimas semanas en las redes sociales, en medio de las denuncias por muertes durante operativos policiales. Según la explicación recogida para esta investigación, su origen se relaciona con la clave radial «1 en 29», utilizada en las comunicaciones policiales para reportar a una persona fallecida.
Los abogados sostienen que la entrega tuvo que gestionarse fuera de Barahona después de que, según su versión, las autoridades locales se negaran a recibirlo. La Policía y el Ministerio Público de esa provincia deben ofrecer su posición sobre estos señalamientos para esclarecer las circunstancias del procedimiento.
Derechos Humanos denuncia otros casos
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, asegura que la organización ha recibido denuncias de otras personas buscadas por las autoridades que intentaron entregarse y tampoco fueron recibidas.
Según Mercedes, entre los casos reportados figuran dos jóvenes de San Luis y otras personas en Barahona, San Juan y la provincia Santo Domingo.
«Mire cómo pasó en San Luis, que dos jóvenes que supuestamente eran buscados, fueron a entregarse, no los recibieron. Nosotros tenemos más de diez casos de jóvenes que en diferentes partes del país, incluyendo Barahona, incluyendo San Juan, aquí en la capital, la provincia de Santo Domingo, San Juan y otras provincias», manifestó.
El representante de derechos humanos sostiene que algunos de los jóvenes denunciados por la organización terminaron muertos posteriormente en hechos presentados como intercambios de disparos.
Estas declaraciones constituyen denuncias que requieren ser examinadas caso por caso, mediante la revisión de las órdenes de arresto, los registros de las instituciones y las evidencias disponibles sobre cada intervención.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que, al 19 de octubre, 314 personas se habían entregado voluntariamente a las autoridades. No obstante, la cifra no permite establecer cuántas personas intentaron entregarse y no fueron recibidas ni cuántas desistieron por temor a las consecuencias.
De acuerdo con los datos citados en el material de esta investigación, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de 53,877 personas por distintos delitos. En ese contexto, las denuncias sobre supuestos obstáculos para la entrega voluntaria plantean interrogantes sobre los procedimientos que deben seguir quienes desean ponerse a disposición de la justicia.
Abogados cuestionan el manejo de las evidencias
Otro de los aspectos señalados por abogados y representantes de derechos humanos es el manejo de las evidencias en los escenarios donde se producen muertes durante operativos policiales.
Carlos Balcácer cuestiona la forma en que, según sus denuncias, se realizan algunos levantamientos de cadáveres y reclama mayor transparencia en la presentación de las pruebas.
«Hay un intercambio de disparos, entonces muéstrele el arma a la población», expresó.
El abogado también cuestionó la rapidez con la que, según afirma, algunos agentes retiran los cuerpos de las escenas antes de completar los procedimientos correspondientes.
«El médico-legista que levanta el cadáver. ¿Cuál es la prisa de estos policías en lanzar cadáveres a camionetas, sin esperar el protocolo del médico-legista?», manifestó.
Balcácer se refirió además al caso de Lucifer y señaló que las imágenes de una cámara de seguridad muestran la llegada de dos motocicletas cuyos ocupantes, según su interpretación, serían agentes del DICRIM.
Estas acusaciones deben contrastarse con las imágenes originales, los informes periciales y las explicaciones de las autoridades para determinar quiénes aparecen en la grabación, qué actuaciones realizaron y si se cumplieron los protocolos de preservación de la escena.
Policía remite las denuncias al Ministerio Público
Ante los cuestionamientos, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha señalado que las personas que consideren haber sido afectadas por una actuación policial pueden presentar sus denuncias ante el Ministerio Público.
«Todo aquel que se sienta afectado por la Policía Nacional ante un mal procedimiento, pues expone una querella en el Ministerio Público y, obviamente, el Ministerio Público va a investigar», declaró.
Mientras tanto, Carlos Balcácer y otros siete abogados han emprendido una acción judicial contra la institución y su director por las muertes ocurridas en los llamados intercambios de disparos.
La iniciativa busca que se investiguen los casos y se establezcan responsabilidades si se comprueba que hubo actuaciones ilegales o ejecuciones extrajudiciales.
Las denuncias de las familias, los testimonios de los abogados y las imágenes de los operativos mantienen abierto el debate sobre la actuación policial y la necesidad de esclarecer las circunstancias de cada muerte.
La delincuencia debe enfrentarse y quienes cometen delitos deben responder ante la justicia. Sin embargo, la persecución del crimen debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la ley.
Una orden de arresto no es una sentencia de muerte. Detrás de cada supuesto intercambio de disparos hay familias que reclaman respuestas y una obligación del Estado de investigar, esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
En un país donde no existe la pena de muerte, ninguna persona debería tener que recurrir a cámaras de seguridad, abogados y testigos para exigir que se respete su derecho a la vida y se le permita responder ante la justicia.
