NEWARK, NJ – Una mujer del condado de Hudson, ciudadana naturalizada que emigró a Estados Unidos desde la República Dominicana, fue acusada de votar ilegalmente en una elección federal y de obtener la ciudadanía de forma ilícita, anunció hoy el fiscal federal Robert Frazer.
Lizabeth Almonte Rosa, de 24 años y residente de West New York, Nueva Jersey, fue acusada mediante una denuncia penal de votar siendo extranjera en una elección federal y de obtener la ciudadanía de forma ilegal. Almonte Rosa compareció por primera vez el 7 de octubre de 2026 ante la jueza magistrada estadounidense Stacey D. Adams en el tribunal federal de Newark.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas ante el tribunal:
Almonte Rosa no era ciudadana estadounidense cuando se registró para votar. Las respuestas que proporcionó en su formulario de registro electoral certificaban falsamente que era ciudadana de los Estados Unidos. Para registrarse y votar en las elecciones federales, una persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos.
Almonte Rosa votó en persona en las elecciones primarias celebradas en junio de 2022 y en las elecciones generales celebradas en noviembre de 2022. En el momento en que emitió su voto, Almonte Rosa, quien ingresó a los Estados Unidos desde la República Dominicana con una visa IR2, no era ciudadana estadounidense y, por lo tanto, no estaba autorizada a votar en las elecciones federales.
Tras votar ilegalmente en elecciones federales, Almonte Rosa solicitó la ciudadanía estadounidense mediante una solicitud de naturalización (formulario N-400). Esta solicitud exige que el solicitante jure, bajo pena de perjurio, que la información proporcionada es completa, veraz y correcta. En su solicitud N-400, Almonte Rosa afirmó falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en ninguna elección federal.
El delito de votación por parte de un extranjero conlleva una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta 100 000 dólares. El delito de obtención ilegal de la ciudadanía conlleva una pena máxima de diez años de prisión y una multa de hasta 250 000 dólares.
El fiscal federal Frazer reconoció la labor de los agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), bajo la dirección de la agente especial a cargo Stefanie Roddy; de Investigaciones de Seguridad Nacional, bajo la dirección del agente especial a cargo Michael McCarthy; y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), por su contribución a la investigación.
El caso fue presentado ante el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral de la Fiscalía de los Estados Unidos, una coalición de organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, cuyo objetivo es preservar y proteger la integridad de las elecciones celebradas en el Distrito de Nueva Jersey.
El gobierno está representado por el fiscal adjunto Benjamin D. Bleiberg, de la División Penal de la Fiscalía de los Estados Unidos.
Los cargos y alegaciones contenidos en la denuncia son meras acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad.
