El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes en una rueda de prensa unipersonal tras el Consejo de Ministros la aprobación, de nuevo, de sus polémicos y «técnicamente inaplicables» para los juristas, decretos Maricarmen. Pese a ser rechazados la semana pasada por el Congreso de los Diputados, Sánchez ha comunicado que los reales decretos mantienen «su esencia».
Una de las medidas que se mantiene sin cambio alguno es aquella con la que el Gobierno pretende financiar el 20% de la entrada de las casas al 0% y con 30 años de carencia a cambio de topar para siempre el precio de venta del inmueble. El único detalle aportado por Sánchez ha sido la cantidad que destinará a la causa: 10.000 millones de euros que nunca llegaron a especificarse en el anterior texto del decreto.
Esta medida, como ya adelantó OKDIARIO, amenaza con dejar sin hipotecas a sus solicitantes al tratarse de una «trampa financiera», según las palabras de los expertos consultados, ya que pone en peligro la continuidad del mercado hipotecario y cargaría el coste a las futuras generaciones.
De hecho, los expertos del sector consideran que crea el caldo de cultivo perfecto para abocar a España a una nueva burbuja inmobiliaria. Esta «intervención rotunda» anunciada por el Ejecutivo deja al comprador que acuda con esta ayuda apalancado al 100% y con mayor riesgo de insolvencia.
«Esto complica extraordinariamente la gestión de riesgos del banco, creando un incentivo perverso pero lógico: vetar la subrogación de la hipoteca del promotor a este perfil de compradores», subrayan las fuentes consultadas por este periódico.
Al caldo de cultivo creado por el Ejecutivo también hay que añadirle la actuación del Instituto de Crédito Oficial. El decreto especifica que el ICO solo «gestiona», pero no presta ese dinero.
De hecho, si el ICO finalmente se hiciese cargo de esta medida podría llegar a quebrar: «Asumir ese golpe financiero consumiría todo su capital, quebrando la institución tras financiar apenas 200.000 viviendas», destacan. Es por ello que, para evitar el colapso, los fondos «salen directamente de los Presupuestos del Estado».
El riesgo señalan que no desaparece, sino que simplemente esquiva la regulación bancaria «para convertirse en déficit público», algo que para los analistas supondrá «una montaña de pérdidas probables desde el día uno y futuros impagos sin garantía real».
