Santo Domingo, RD.– En los últimos días la frase “lo pusieron en 29” resuena con insistente frecuencia en las esquinas de los barrios, vagones del metro, autobuses y carros de concho, como si se tratara del estribillo de una canción de moda. Lo alarmante es que la ciudadanía parece celebrar este código de significación mortal.
“Mira por dónde andas, que esta es la acera! A ustedes los motoristas hay que ponerlos en 29”, gritó un hombre a un motociclista que invadió el espacio peatonal en la avenida San Martín, sin que quedara claro si lo decía en broma o como una amenaza real.
Lo que en origen es el código radial de la Policía Nacional “29” o “1-29” para reportar una muerte, se ha transformado en una frase que anda casi en la boca de todos en muchos sectores de la capital.
La expresión transita libremente entre el humor cotidiano y la advertencia velada. Nació como una sentencia previa de muerte para los delincuentes, pero hoy es también una muletilla humorística.
Mientras los jóvenes la usan para bromear, en los sectores populares funciona como un presagio letal emitido tanto por bandas rivales como por patrullas uniformadas.
Esta dualidad expone a una sociedad profundamente fracturada frente a los métodos de seguridad pública. Aunque un segmento exige mano dura, otra parte estima que liquidar presuntos criminales en las calles no resuelve la raíz de la violencia.
Al mismo tiempo, comunicadores e influencers han normalizado la consigna para referirse a los caídos en supuestos enfrentamientos con la Policía, llegando a ironizar sobre estos desenlaces fatales en sus espacios de difusión.
La complicidad del peaje
En el corazón de los barrios prevalece una certeza compartida: las estructuras delictivas operan bajo el amparo de los propios destacamentos. La complicidad entre agentes corruptos y cabecillas criminales garantiza la supervivencia de redes que someten a comunidades enteras a la impunidad.
En las filas de los comercios, el ciudadano de a pie se ahoga en un catálogo de interrogantes sin respuesta:
¿Cómo llegan las armas de alto calibre a los callejones miserables? El arsenal de estas bandas es importante, aunque al contrario de lo que repite la narrativa popular rara vez supera el poder de fuego de las patrullas policiales.
Asimismo, resulta inexplicable el accionar en el tiempo de estos grupos criminales sin llamar la atención de las autoridades. La permanencia de reconocidos antisociales en un mismo territorio sólo se explica mediante el pago de un peaje periódico que compra el silencio y la protección institucional local.
“Aquí en Las Lilas, usted le pregunta a cualquier persona de confianza sin importar si es mayor o menor de edad o a cualquier motoconcho dónde están los puntos de drogas, y cualquiera le dirá.
Esto ha sido así siempre. ¿Y ahora tú me dices que la policía, que tiene un destacamento cerca de aquí, no lo sabe?”, expresó un residente de Las Lilas, sector ubicado a la orillas del río Ozama en Santo Domingo Este.
La paradoja es matemática: vecinos, comerciantes y policías saben con precisión exacta dónde operan los puntos de venta de drogas; sin embargo, los operativos oficiales parecen ignorar estos lugares fijos para enfocar la estrategia en enfrentamientos fatales de patrulla.
“Hay un punto a dos cuadras de aquí, y cuando vienen y se le tiran y los detienen. Todo el mundo sabe que fue que se atrasó en el pago. No pasan dos días cuando todo vuelve a la normalidad”, comentó alguien que habló bajo reserva de su nombre.
¿Teorías conspirativas o profilaxis social?
El saldo de fallecidos en los últimos 45 días mantiene en alerta a las organizaciones de derechos humanos en República Dominicana. Las autoridades registran unos 40 muertos en supuestos intercambios de disparos.
El temor colectivo es que la política del exterminio reemplace a las investigaciones profundas que desmantelarían la corrupción en los estamentos policiales. Las historias oficiales casi siempre coinciden: los agentes repelen agresiones armadas.
Sin embargo, la regularidad de estos desenlaces genera un profundo escepticismo entre defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La sospecha de que la institución busca “atar cabos sueltos” resuena con fuerza. Comunitarios sugieren que los caídos en las calles podrían silenciar estructuras criminales complejas que salpicarían a esferas del poder, dejando los verdaderos negocios sin tocar.
Mientras el Gobierno defiende la continuidad de la reforma policial para garantizar el orden público y la tranquilidad ciudadana, el transporte público se ha transformado en el principal foro de discusión del ciudadano común.
Entre choferes y pasajeros de carros de concho se cruzan opiniones sobre si la estrategia actual de letalidad traerá paz real o una ola de violencia aún más sangrienta.
Origen del crimen en el GSD
La delincuencia en el Gran Santo Domingo brota del abandono estructural y la falta crónica de oportunidades. Jóvenes marginados, atrapados en la informalidad y el desempleo, encuentran en la calle el único espacio donde canalizar sus necesidades de subsistencia y proyección social.
La corrupción administrativa actúa como un catalizador impune de la criminalidad organizada. Cuando la población observa el enriquecimiento ilícito, se erosiona la legitimidad del sistema legal, normalizando el delito como medio válido de ascenso socioeconómico.
La Policía Nacional carga con una responsabilidad directa en la proliferación del crimen barrial. Agentes corruptos que garantizan protección a delincuentes mediante el cobro de cuotas semanales, llegando a proveer armamento no regulado y filtrar información estratégica a bandas rivales a cambio de dinero.
Otros factores a tomar en cuenta
El modelo de consumo dominante impone expectativas inalcanzables para la juventud barrial. La presión por exhibir ropa de marca, vehículos y estatus material empuja a miles hacia el microtráfico y la violencia como atajos indispensables para encajar en los estándares culturales.
En el plano psicológico, la violencia cotidiana distorsiona la empatía y la resolución de conflictos. Crecer en entornos hostiles genera traumas no atendidos y desensibilización ante la vida, convirtiendo el delito en una respuesta defensiva e identidad de supervivencia en los callejones.
La proliferación incontrolada de puntos de drogas, sumada al vicio del alcohol y los juegos de azar, destruye la convivencia familiar. Estas adicciones financian estructuras criminales locales y atrapan a los jóvenes en un ciclo interminable de dependencia, deudas y violencia armada.
El sistema de justicia dominicano falla en aplicar condenas ejemplares con verdadero apego a la ley. La impunidad imperante y los procesos judiciales viciados permiten que reconocidos antisociales retornen rápidamente a las calles, minando la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
Por su parte, el sistema penitenciario actual funciona como una academia del crimen en lugar de rehabilitar. Lejos de reinsertar al individuo en la sociedad, las cárceles profundizan el resentimiento, endurecen las mañas delictivas y garantizan la reincidencia inmediata al salir.
