Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano levantó este martes la suspensión general de los permisos para el porte de armas en Colombia, mediante un decreto firmado por el presidente Abelardo de la Espriella que mantiene los requisitos y controles establecidos para acceder legalmente a esa autorización.
La medida restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes, pero no representa una autorización general para que cualquier ciudadano pueda portar armas de fuego. Las autoridades conservarán los procedimientos y controles correspondientes.
De la Espriella justificó la decisión al considerar que la suspensión afectaba a ciudadanos que cumplen las disposiciones legales mientras organizaciones criminales continuaban utilizando armas ilegales. El levantamiento de la restricción había sido una de sus promesas durante la campaña presidencial.
Los permisos para portar armas que estén vencidos, suspendidos, cancelados o revocados no quedan habilitados por el decreto. Tampoco podrán utilizarlos quienes estén sujetos a prohibiciones legales o judiciales.
El mandatario señaló que los requisitos continúan siendo estrictos y mencionó entre ellos condiciones físicas, psíquicas y emocionales, además de las verificaciones correspondientes para determinar si existen antecedentes.
La suspensión general del porte había permanecido vigente desde 2015 y fue mantenida durante las administraciones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. El nuevo decreto modifica esa política sin eliminar el sistema de permisos y controles.
Como parte de su argumentación, De la Espriella informó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de este año las autoridades colombianas incautaron 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
El presidente también vinculó parte del armamento decomisado con organizaciones criminales y grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.
De la Espriella aseguró que la prioridad de las autoridades será perseguir y retirar las armas ilegales en poder de organizaciones criminales, mientras los ciudadanos que cumplan los requisitos podrán hacer uso de permisos legalmente vigentes.
La decisión abre una nueva etapa en la política sobre armas de fuego en Colombia, aunque el Gobierno sostiene que los controles existentes permanecerán vigentes y que el decreto no establece un porte indiscriminado.
