El Gobierno de Pedro Sánchez destina millones de euros a sostener la inmigración ilegal a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este 2026, la ministra Elma Saiz ha visto incrementar exponencialmente el presupuesto hasta alcanzar los 1.182 millones de euros, en la partida identificada como Acciones para los inmigrantes.
Se trata del programa ministerial destinado a la «acogida e inclusión de los inmigrantes» y la implementación de un marco contra la xenofobia, así como al mantenimiento de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), como Ceuta y Melilla, o los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), entre otros planes.
Si bien, más allá del presupuesto de Saiz, a día de hoy se desconoce oficialmente el cómputo total de gasto de la Administración pública destinado a financiar de manera directa e indirecta la inmigración en España.
El informe pendiente sobre el gasto de la inmigración ilegal
El Tribunal de Cuentas aprobó hace un año la solicitud de Vox para fiscalizar los gastos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos vinculados a la inmigración ilegal. «Sin embargo, después de un año, todavía desconocemos el gasto o si se está elaborando el informe», denuncian fuentes de Vox.
«Se está produciendo un robo y un auténtico latrocinio a los españoles», denuncian los de Abascal. En el caso del Gobierno de España, Vox denuncia que el dinero destinado a la inmigración responde a «un entramado opaco de sinfín de partidas presupuestarias derivadas de diferentes ministerios, no sólo el de Migración».
«A esto hay que sumarle no sólo la inversión de la Administración central, sino de las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Todos destinan cientos de millones de euros a sostener la inmigración ilegal, pero no existe un dato global», advierten.
Dicho dato global se podría conocer si el Tribunal de Cuentas hubiera realizado el citado informe pendiente, un hito que logró Vox el pasado octubre, gracias a los apoyos del PP, en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas (Congreso-Senado). La medida salió adelante pese al rechazo del PSOE y sus socios de Sumar, que calificaron de «racista» la solicitud de Vox.
Mientras tanto, el presupuesto con el que cuentan ONGs, centros de acogida e inmigrantes ilegales, no para de crecer. Sólo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha ampliado su presupuesto un 58,1% en lo que llevamos de 2026, según consta en el informe oficial de Estadísticas de Ejecución del Presupuesto.
«Pero el cómputo total en inmigración es una cifra que se desconoce», insisten en Vox. Los únicos que han intentado poner el cascabel al gato han sido Neos, el think thank presidido por el ex ministro Jaime Mayor Oreja. En el informe Inmigración en España: Buenismo o Eficacia, estiman que el coste para el Estado supera los 30.000 millones anuales.
«El Decreto prioriza a los ilegales»
Este pasado miércoles, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta. A través del cual movilizó 278 millones de euros, de los cuales el 42% destinados de manera directa no a los ceutíes, sino a los invasores que han ocasionado el problema, y a través de varias partidas presupuestarias provenientes de cuatro ministerios.
«Ceuta es el caso perfecto que demuestra lo que venimos denunciando desde hace años, y que el resto de partidos respondió nombrando persona non grata a Santiago Abascal en la ciudad», denuncian desde Bambú.
El Gobierno de Sánchez movilizará 116,38 millones para los siguientes ministerios a la crisis de Ceuta a través del Decreto:
- 53,48 millones, a Acción para los inmigrantes (a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, de Elma Saiz).
- 62,96 millones, a los menores no acompañados (a través del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego).
- 3,5 millones, para afrontar los gastos sanitarios extras derivados de la crisis (del Ministerio de Sanidad de Mónica García).
- 299.493 euros, en concepto de «gastos extraordinarios» para reforzar la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno de Ceuta (del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres).
