Maryland, EE. UU. La jueza federal Deborah Boardman bloqueó este miércoles la aplicación de una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a establecer restricciones a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La medida presidencial, firmada en agosto, estaba enfocada, entre otras disposiciones, en impedir la ciudadanía automática a hijos de mujeres que viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz, una práctica denominada “turismo de maternidad”.
Boardman paralizó la orden ejecutiva de Trump mediante una decisión de 35 páginas en la que consideró que la medida es “casi con toda certeza inconstitucional”, de acuerdo con la información proporcionada sobre el fallo.
La jueza fundamentó su decisión en un pronunciamiento del Tribunal Supremo del 29 de junio y señaló que el alto tribunal ya había establecido que los niños comprendidos por el fallo son ciudadanos desde su nacimiento.
La decisión impide al Gobierno aplicar la nueva medida a cualquier niño nacido de uno o dos progenitores indocumentados después del 19 de febrero de 2025, fecha establecida para la entrada en vigor de la orden original impulsada al comienzo del mandato presidencial.
El litigio sobre la ciudadanía por nacimiento está relacionado con la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que ha sido invocada por los demandantes para defender el reconocimiento de la ciudadanía a las personas nacidas en el país.
El Tribunal Supremo se había pronunciado el 29 de junio después de demandas promovidas por estados y organizaciones defensoras de derechos civiles contra el intento anterior de restringir ese derecho mediante una orden ejecutiva.
La nueva disposición presidencial fue llevada nuevamente ante los tribunales por organizaciones defensoras de inmigrantes. Entre las entidades involucradas en el caso presentado en Maryland figuran CASA y Asylum Seeker Advocacy Project.
Además del denominado turismo de maternidad, la orden mencionaba posibles excepciones relacionadas con hijos de integrantes de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.
Con la decisión de Boardman, la aplicación de las restricciones contempladas en la nueva orden queda paralizada mientras continúa la disputa judicial sobre los límites del poder presidencial frente a las garantías constitucionales de ciudadanía.
