En los últimos dos años, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), ha puesto en ejecución varias investigaciones contra redes criminales vinculadas a la trata de personas, logrando la desarticulación de algunas estructuras y la presentación de pruebas ante los tribunales que han derivado en condenas y otras sanciones contra los responsables de estos delitos en la República Dominicana.
Entre los casos que han llegado a los tribunales figuran los resultados de operativos como MC Girasoles; una investigación por explotación sexual en perjuicio de una adolescente; una red que captaba mujeres en condiciones de vulnerabilidad en las provincias Barahona e Independencia mediante aplicaciones de mensajería instantánea, ofreciéndoles una remuneración diaria de hasta US$300; así como el caso del propietario del conocido Wiljery Car Wash, en San Francisco de Macorís, vinculado a estos delitos.
Las personas halladas culpables por los tribunales han recibido condenas de entre cinco y 15 años de prisión. En otros procesos se han impuesto medidas y sanciones como el pago de indemnizaciones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Estos son los casos que fueron llevado a los tribunales en los últimos dos años:
- Operación MC Girasoles: condenas de 15 años por trata de personas
La red criminal fue desmantelada mediante la Operación MC Girasoles, ejecutada en junio de 2024 por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Como resultado del proceso judicial, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a los ciudadanos venezolanos Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano, tras ser encontrados culpables de trata de personas agravada bajo la modalidad de explotación sexual, divulgado a través de un comunicado el pasado 16 de marzo 2026.
La sentencia fue dictada a unanimidad por las juezas y el juez Keila Pérez Santana, presidenta del tribunal; Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de RD$500,000 para cada víctima. Los condenados deberán cumplir sus penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El caso fue investigado por la PETT, encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, mientras que la fiscal Aleika Almonte destacó que las condenas estuvieron sustentadas en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En el proceso también participó Ángela Díaz, como abogada de las víctimas.
- Caso de esclavitud sexual contra cinco mujeres
La investigación se inició tras establecer que Juan Carlos Peña Nín, también conocido como Moreno o Greydel Nín Matos, captaba a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad económica mediante WhatsApp, Instagram y Facebook, haciéndose pasar por personas conocidas de las víctimas y ofreciéndoles supuestos empleos con remuneraciones de hasta US$300 diarios. Una vez trasladadas a Barahona e Independencia, las víctimas eran llevadas a lugares controlados por el acusado, donde, según la investigación, eran sometidas a explotación y violencia sexual.
El hombre, arrestado el 14 de febrero de 2024, fue hallado culpable de trata de personas en la modalidad de esclavitud sexual y violación sexual, en perjuicio de cinco víctimas. Inicialmente recibió una condena de 10 años de prisión, pero el Ministerio Público apeló la sentencia al considerar que la pena era inferior al mínimo establecido en la Ley 137-03.
Al acoger el recurso, la Corte de Apelación de Barahona elevó la condena de 10 a 15 años de prisión, tomando en cuenta la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, la violencia empleada y el daño psicológico causado. Además, confirmó una multa equivalente a 175 salarios mínimos del sector público a favor del Estado y una indemnización de RD$250,000 para cada una de las cinco víctimas.
La sentencia fue dictada por los jueces Joselín Moreta Carrasco, presidente; Henrry Caraballo Matos y Juan Francisco Carvajal Cabrera. La decisión modificó la condena emitida inicialmente por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Barahona, integrado por Wanda Deñó Suero, Celina Novas Jiménez y Luis Eugenio Pérez Volquez. La investigación fue desarrollada por la PETT, junto al Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía y la Fiscalía de Barahona.
- Caso de explotación sexual contra una adolescente de 15 años
El Ministerio Público obtuvo condenas de 15 y cinco años de prisión contra Valentina Made de la Rosa (Miosotis) y Luciano Luis Batista (Chano o Chano Batista), declarados culpables de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años.
Durante el juicio, las fiscales litigantes Carlenny Camilo y Gladys Cruz presentaron pruebas testimoniales, documentales, periciales y digitales que permitieron establecer la responsabilidad penal de los procesados. La investigación, dirigida por la fiscal Yonoris Suero de la Cruz, determinó que la víctima fue captada y mantenida en una situación de vulnerabilidad para ser explotada sexualmente, mientras los acusados obtenían beneficios económicos de esta actividad.
Entre las pruebas presentadas figuraron informes psicológicos forenses, certificaciones médicas, entrevistas especializadas a la adolescente, testimonios, registros de llamadas telefónicas, conversaciones electrónicas y análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La sentencia dada a conocer el 14 de agosto de este año, fue dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlin Ventura Jiménez y Evelyn Rodríguez, junto al juez suplente Julián A. Vargas. Made de la Rosa deberá cumplir su condena de 15 años en el CCR Najayo Mujeres, mientras que Batista cumplirá cinco años en el CCR Najayo Hombres, ambos ubicados en San Cristóbal.
- Caso Wiljery Car Wash: propietario acusado de explotación sexual de unas 20 mujeres
La investigación del Ministerio Público estableció que una presunta red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual operaba en la provincia Duarte desde el establecimiento Wiljery Car Wash, en San Francisco de Macorís, propiedad de Wilson Yanet Then Cruz, de 56 años.
Según las autoridades, el negocio funcionaba como car wash y expendio de bebidas alcohólicas, pero también era utilizado para ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Las pesquisas determinaron que mujeres eran captadas y controladas para estos fines, y algunas, procedentes de provincias cercanas, permanecían en el lugar durante períodos de hasta dos semanas.
El Ministerio Público en junio 2025, solicitó tres meses de prisión preventiva para Then Cruz, al establecer que las actividades presuntamente afectaban a unas 20 mujeres. Sin embargo, la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte, impuso una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El caso es investigado por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por Yoanna Bejarán Álvarez, junto a la fiscal titular de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez. La investigación determinó además que el establecimiento contaba con espacios privados acondicionados para facilitar los encuentros sexuales.
