Senaida Fernández, esposa del pastor vinculado a la supuesta fundación “Rescatando Vidas”, rechazó las acusaciones de presunto maltrato contra los menores que permanecían en el lugar y aseguró que las versiones difundidas por algunos medios de comunicación son falsas.
“Lo que yo quiero es que se haga justicia, que todas esas falsas acusaciones que se han levantado por medio de algunos medios de comunicación no son ciertas. Nosotros lo que estamos pidiendo es justicia, pedimos que liberen a mi esposo”, afirmó Fernández.
La mujer sostuvo que, a su entender, las actividades desarrolladas en el establecimiento tenían como propósito ayudar a los menores. Además, cuestionó las denuncias de maltrato y señaló que, de haberse producido esas situaciones, los niños no llamarían “padre” y “madre” a las personas que estaban a su cargo.
Actualmente, el pastor y otra persona vinculada al caso permanecen detenidos en San Cristóbal. Ambos serán presentados este jueves ante el Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.
Sobre el caso
El caso salió a la luz luego de que un menor de 12 años denunciara ante las autoridades policiales presuntos maltratos mientras permanecía en la supuesta fundación “Rescatando Vidas”, ubicada en el municipio de Haina, provincia de San Cristóbal.
A raíz de la denuncia, las autoridades realizaron un operativo en el establecimiento, donde fueron rescatados alrededor de 14 menores de edad que se encontraban en el lugar.
Durante el proceso de investigación también han salido a relucir elementos sobre la dinámica interna del establecimiento, entre ellos una serie de restricciones y normas escritas directamente en una de las paredes, como la prohibición de que hombres y mujeres permanecieran juntos, disposiciones dirigidas a los niños y advertencias sobre el comportamiento que debían mantener quienes permanecieran allí.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que funcionaba el establecimiento y establecer si existen responsabilidades penales. Entre las posibles infracciones bajo investigación se encuentran, de manera presunta, hechos relacionados con explotación infantil y trata de personas, cuya configuración deberá ser determinada por el Ministerio Público y los tribunales correspondientes.
