Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó una orden que impide a la administración del presidente Donald Trump continuar con la construcción en superficie de un salón de baile de US$400 millones en la Casa Blanca, aunque dejó su decisión en suspenso durante 14 días para permitir que el Gobierno acuda ante la Corte Suprema.
La decisión fue adoptada por dos votos contra uno y mantiene la medida cautelar obtenida por el National Trust for Historic Preservation, organización que demandó a la administración tras la demolición del Ala Este de la Casa Blanca y el inicio del proyecto sin solicitar, según el litigio, autorización del Congreso.
La obra contempla un salón de aproximadamente 8,360 metros cuadrados. De acuerdo con documentos judiciales citados por Reuters, el costo estimado del proyecto alcanzó los US$400 millones, el doble de las proyecciones iniciales.
Los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, integrantes de la mayoría, cuestionaron que un presidente pueda realizar una transformación de esa magnitud en la residencia ejecutiva sin la correspondiente autorización.
“Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, señalaron los magistrados en su opinión.
El fallo supone un nuevo revés judicial para una de las iniciativas arquitectónicas impulsadas por Trump, cuya administración ha defendido el proyecto bajo el argumento de que permitiría celebrar grandes actos oficiales y reforzar la seguridad de la residencia presidencial.
La decisión del tribunal de apelaciones ratifica dos bloqueos previos ordenados por el juez federal Richard Leon, quien había impedido continuar los trabajos en superficie, aunque permitió que avanzaran determinadas obras subterráneas.
Leon, nombrado durante la presidencia de George W. Bush, sostuvo que ninguna legislación federal otorga de manera suficientemente clara al mandatario autoridad para construir el salón de baile sin la aprobación del Congreso.
La administración Trump dispone ahora de 14 días para solicitar la intervención de la Corte Suprema, que podría decidir si revisa la disputa sobre los límites de la autoridad presidencial para modificar el complejo de la Casa Blanca.
