El gobierno de Nicaragua avanza hacia la aprobación de una reforma que impediría la participación de partidos opositores en los procesos electorales, una iniciativa promovida por el presidente Daniel Ortega y que, según el oficialismo, será sometida a votación durante la primera semana de agosto.
La Asamblea Nacional y el órgano electoral, ambos controlados por el oficialismo, comenzaron este miércoles a definir el contenido de las nuevas disposiciones. La copresidenta Rosario Murillo aseguró que el objetivo es impedir elecciones “orientadas por Estados Unidos” y afirmó que ese modelo “no volverá jamás” al país.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, adelantó que las reformas buscan cerrar cualquier posibilidad de “manipulación” extranjera en los comicios. El anuncio se produce días después de que Ortega afirmara, durante el acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales en los que participen sectores opositores, a los que calificó de “vendepatrias”.
La propuesta provocó reacciones de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Estados Unidos advirtió que no permanecerá “de brazos cruzados” frente a los planes del gobierno nicaragüense, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una “erosión constante del Estado de derecho” en el país.
Diversos movimientos opositores en el exilio sostienen que la reforma busca consolidar un sistema de partido único y cerrar definitivamente la vía electoral como mecanismo para resolver la crisis política. También alertan que la medida podría profundizar el exilio y aumentar la migración de nicaragüenses.
Ortega, quien regresó al poder en 2007 y ha sido reelegido en tres ocasiones en procesos cuestionados por la comunidad internacional, aseguró que las nuevas leyes impedirán que los opositores lleguen al poder con apoyo extranjero. Sus críticos afirman que la iniciativa responde al temor de enfrentar unas elecciones competitivas y comparan el modelo que impulsa con los sistemas políticos de partido único existentes en Cuba, China y Corea del Norte.
Desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU, el gobierno ha intensificado las acciones contra dirigentes opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles. En los últimos años, cientos de personas han sido encarceladas, despojadas de su nacionalidad o forzadas al exilio.
