La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgada por un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, al respaldar la decisión adoptada por el juez instructor Juan Carlos Peinado.
La resolución, emitida por el pleno de la Sección 23 de la Audiencia, determina que el proceso continuará conforme al procedimiento previsto para el Tribunal del Jurado, por lo que un panel integrado por nueve ciudadanos residentes en la Comunidad de Madrid será el encargado de emitir el veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Gómez.
No obstante, el tribunal descartó que la esposa del jefe del Ejecutivo sea juzgada por los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, al considerar que no procede mantener esas acusaciones. Aun así, la permanencia de los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación mantiene la competencia del jurado popular.
En la misma resolución, la Audiencia confirmó que Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, también será juzgada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, únicamente en relación con el supuesto desvío de un software. En su caso, quedó descartada la acusación por tráfico de influencias.
Asimismo, el tribunal acordó archivar para todos los investigados la acusación por presunta corrupción en los negocios.
Investigación seguirá contra Barrabés
La Audiencia también decidió separar del procedimiento ante el Tribunal del Jurado al empresario Juan Carlos Barrabés Cónsul, cuya investigación continuará mediante el procedimiento abreviado para determinar la legalidad de las adjudicaciones de contratos públicos bajo investigación.
Levantan medidas cautelares
Por otra parte, la Sala dejó sin efecto las medidas cautelares personales que pesaban sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez, entre ellas la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.
No obstante, ambas deberán permanecer localizables mientras continúe el proceso judicial.
