Santo Domingo.– El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, remitió formalmente al Congreso Nacional un documento con observaciones y propuestas de modificación a la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana. La iniciativa fue enviada a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados a través de una comunicación escrita respaldada por un informe técnico-jurídico.
El documento plantea modificaciones en diversas áreas de la legislación penal:
- Funcionarios públicos y difamación: La propuesta del PED contempla la eliminación de los regímenes de protección penal especial para funcionarios públicos ante expresiones ofensivas. Asimismo, sugiere reformar el régimen de difamación e injuria para establecer un sistema escalonado de responsabilidad (insulto simple, injuria, difamación negligente, dolosa y agravada), aplicando sanciones mayores a campañas organizadas que utilicen herramientas tecnológicas o la falsificación documental.
- Aborto: En el ámbito de la protección de la vida, la organización política propone suprimir las eximentes de responsabilidad penal en los casos de aborto, con el fin de mantener una prohibición desde la concepción hasta la muerte natural, acompañada de políticas públicas de asistencia médica y social para mujeres embarazadas.
- Migración y soberanía: El proyecto solicita tipificar e imponer sanciones agravadas a los funcionarios públicos, militares y autoridades migratorias que colaboren con redes de tráfico de migrantes o faciliten el ingreso ilegal de extranjeros al territorio nacional.
- Tecnología e Inteligencia Artificial: Se propone incorporar agravantes específicos para delitos financieros, extorsiones, desinformación o manipulación electoral que se ejecuten mediante el uso de inteligencia artificial, clonación de voz y alteración de imágenes o videos (deepfakes).
- Corrupción administrativa y menores: El PED sugiere endurecer las penas por corrupción mediante la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas en casos graves, el decomiso ampliado de bienes y la responsabilidad patrimonial de los condenados. Además, plantea elevar las sanciones por delitos contra menores de edad, especialmente cuando los autores sean docentes, religiosos, tutores o servidores públicos.
Finalmente, Domínguez Trujillo manifestó la disposición de la organización política para asistir ante las comisiones legislativas correspondientes con el fin de exponer los fundamentos técnicos de las modificaciones propuestas durante el proceso de análisis de la ley.
