Cada día 8 tiene un significado distinto para las familias afectadas por la tragedia del Jet Set. La fecha dejó de ser un día más en el calendario para convertirse en un recordatorio del colapso ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 y en una jornada en la que familiares de las víctimas y miembros del Movimiento Justicia Jet Set mantienen su reclamo para que el caso no quede en el olvido.
A un año y tres meses del desplome del techo de la discoteca, los familiares continúan exigiendo justicia por un hecho que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos durante una presentación del merenguero Rubby Pérez.
Lo que inició como una noche de música terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos que marcó la historia reciente de República Dominicana. En cuestión de minutos, un espacio vinculado durante décadas al entretenimiento nacional pasó a convertirse en el escenario de una emergencia que movilizó a organismos de socorro, familiares y voluntarios.
Desde entonces, los parientes de las víctimas han mantenido presente la memoria de sus seres queridos. A través del Movimiento Justicia, se han reunido los días 8 de cada mes para recordar a quienes perdieron la vida y reiterar su solicitud de que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido.
En sus reclamos, familiares han señalado que la tragedia no terminó con el rescate de las víctimas, debido a que muchas familias continúan enfrentando las consecuencias emocionales de aquella madrugada.
Por su parte el padre Rogelio, quien presidió la misa, afirmó que a 15 meses de la tragedia, la principal deuda pendiente sigue siendo la justicia, asismismo, explicó que los familiares de las víctimas adoptaron el lema “Siembra justicia y cosecharás misericordia”, al considerar que “la eterna ausente ha sido la justicia” durante el proceso judicial.
En ese contexto, la justicia dominicana dispuso que los propietarios del centro nocturno, Maribel y Antonio Espaillat, enfrenten un juicio de fondo para determinar su responsabilidad penal en el desplome.
El proceso judicial ha sido seguido con atención por la opinión pública, que reclama sanciones ejemplares y medidas más estrictas de supervisión en locales de entretenimiento.
Expertos coinciden en que la tragedia evidenció fallas estructurales y falta de controles que no deben repetirse.
