Hazte Oír, acusación popular en el caso de las cloacas del PSOE, ha informado este viernes que solicitará al juez Santiago Pedraz la prisión provisional de la todavía directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, imputados por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.
«La imputación por presunta obstrucción a la Justicia es ya grave, pero en sus cargos más», sentencia Hazte Oír, destacando que «el riesgo de destrucción de pruebas es manifiesto y notorio en sus cargos, y justo esos cargos facilitarían el que pudieran seguir continuando en la presunta acción delictiva».
Además, esta acusación señala que el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora y DAO no sólo a es a estos mandos, sino a ellos mismos». «El castillo de naipes», apunta en alusión a que si cae uno, ellos van detrás porque cantarán La Traviata.
Mercedes González se ha convertido en el primer máximo jefe de la Benemérita imputado en el ejercicio del cargo. Tras este escándalo, cinco asociaciones de la Guardia Civil –AUGC, la mayoritaria; Jucil, y las tres de mandos, Asesgc, UO y APC-GC,– incluidas la mayoritaria y las tres de mandos, han pedido la inmediata dimisión de la directora y el cese del director DAO. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que seguirán en el cargo. Marlaska ratifica su confianza en ellos.
Los guardias civiles están consternados por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía. Una de las asociaciones de guardias civiles, Jucil, también ha exigido la dimisión de Marlaska, como en su día hizo el ministro Antoni Asunción tras la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.
Suspensión del DAO
Como ha informado OKDIARIO, el DAO tiene que ser suspendido de sus funciones tras su imputación si se le aplica el mismo rasero que al resto de miembros del Cuerpo. La decisión corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y posteriormente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, determina si la suspensión lleva consigo el cese del destino.
El Régimen del personal de la Guardia Civil señala en su artículo 92 que la suspensión de funciones «se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave». Idéntico a lo recogido en los artículos 41 a 43 del reglamento.
Y en este caso, concurre la segunda de las causas, la de inculpación, que es lo mismo que investigado e imputado.
Otro escenario al que se puede enfrentar el DAO, como ocurre con el resto de personal de la Guardia Civil, es la apertura de un expediente disciplinario, que se paraliza mientras no haya una resolución judicial. Una vez que se abre el expediente disciplinario, se paraliza, pero se puede aplicar el artículo 54, que son las medidas cautelares y recoge la suspensión durante tres meses, lo que no conlleva pérdida retributiva. Se están dando casos de agentes a los que se les aplican en primer lugar estos tres meses y después los suspenden durante seis meses de acuerdo a la Ley del Personal.
Proteger los intereses de Sánchez
En el caso cloacas, Pedraz investiga una presunta trama liderada por ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díaz que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Esta trama tenía como fin «proteger los intereses del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, según ha demostrado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe policial, incorporado al sumario del caso. El DAO instó a la UCO a «ponerse de perfil» en la investigación al hermano del presidente del Gobierno, según han destapado los investigadores de la Benemérita.
Pedraz ha citado a declarar como investigados a la directora de la Guardia Civil y al DAO el próximo 16 de julio, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada.
Desaliento a la UCO
Anticorrupción solicitó estas imputaciones alegando que ambos intentaron «generar un efecto de desaliento» a la Unidad Central Operativa (UCO) para que no impulsara investigaciones.
La Fiscalía señaló en su escrito que la trama del PSOE habría llevado a cabo «actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos». Una de ellas habría sido «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada»
«La apertura sucesiva de informaciones reservadas frente a los integrantes de una unidad policial encargada de investigaciones penales de especial trascendencia posee una evidente capacidad para generar un efecto desaliento sobre el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial», avisan.
Anticorrupción indica que «la presión no se agota en el perjuicio que cada expediente pueda ocasionar al funcionario directamente afectado, sino que proyecta un mensaje institucional hacia el conjunto de la unidad investigadora: el desarrollo de determinadas líneas de investigación puede acarrear consecuencias disciplinarias para quienes las impulsen».
«De este modo, la eficacia intimidatoria no deriva únicamente del contenido concreto de cada expediente, sino del patrón reiterado de utilización de la potestad disciplinaria como instrumento de presión», argumentan los representantes del Ministerio Público.
Y subrayan que «la reiteración de informaciones reservadas, especialmente cuando coinciden temporalmente con actuaciones relevantes de la investigación penal y carecen de una justificación disciplinaria objetiva, genera un clima de incertidumbre profesional objetivamente idóneo para provocar autocensura, inhibición o moderación en el ejercicio de las funciones investigadoras».
«Los datos obrantes en el procedimiento permitirían sostener razonablemente que pudo existir la utilización reiterada y desviada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los funcionarios policiales encargados de una investigación penal», lo que «puede llegar a integrar la intimidación si su finalidad fue condicionar, obstaculizar o alterar la libertad con la que aquellos debían desarrollar su actuación procesal», sentencia Anticorrupción.
