Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, tiene que ser suspendido de sus funciones tras su imputación en el caso de las cloacas del PSOE si se le aplica el mismo rasero que al resto de miembros del Cuerpo. La decisión corresponde a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y posteriormente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, determina si la suspensión lleva consigo el cese del destino.
Esto mismo ocurrió, por ejemplo, con el comandante Rubén Villalba, quien estaba destinado en la embajada de Venezuela y también está vinculado a las cloacas del PSOE. Según ha reconocido la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien también ha sido imputada, la fontanera socialista Leire Díez le pidió restituir en su puesto a Villalba, aunque ella se negó precisamente porque estaba imputado.
Villalba fue suspendido de funciones, de forma cautelar, en marzo de 2024, tras su detención en el marco del caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional lo investiga por pertenencia a organización criminal y cohecho. Además, Marlaska lo cesó en el destino. La UCO afirma que hay indicios de que Villalba «velaba por los intereses» de Koldo García, condenado recientemente a 19 años de cárcel en el caso mascarillas junto al ex ministro José Luis Ábalos, quien ha sido sentenciado a 24 años de prisión.
Manuel Llamas ha sido imputado este jueves por prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia, al igual que la directora de la Guardia Civil. Tras ello, cinco asociaciones de la Benemérita, incluidas la mayoritaria y las tres de mandos, han exigido la dimisión inmediata de González y el cese de Llamas. Además, una de ellas ha exigido también la dimisión de Marlaska, como en su día hizo el ministro Antoni Asunción, tras la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, quien huyó del país en 1994 ante su inminente imputación.
Treinta y un años después del escándalo de Luis Roldán, el primer civil que dirigió la Benemérita y fue condenado a 31 años de prisión por cinco delitos –malversación, estafa, cohecho, delito contra Hacienda y falsedad documental–, el PSOE ha vuelto a manchar el honor que la Guardia Civil tiene como divisa.
Régimen del personal
El Régimen del personal de la Guardia Civil señala en su artículo 92 que la suspensión de funciones «se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave».
Y en este caso, concurre la segunda de las causas, la de inculpación, que es lo mismo que investigado e imputado.
Dicho precepto dispone que la ministra de Defensa, «valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones». Y el ministro del Interior «determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino».
El guardia civil en situación de suspensión de funciones permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón, y el período máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de duración de la prisión preventiva, en caso de que se hubiese acordado por la autoridad judicial en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses.
En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o terminación del expediente disciplinario sin declaración de responsabilidad, «será repuesto en su destino si a su derecho conviniera, recuperará su situación en el escalafón, incluido el ascenso que hubiera podido corresponderle».
Además, el Régimen del Personal especifica que el guardia civil que pase a la situación de suspensión de funciones «tendrá derecho a percibir el 100% de las retribuciones básicas» –sueldo base y trienios, pero no los complementos–, así como «las prestaciones familiares y pensiones de mutilación y recompensas a que se pudiera tener derecho, salvo en el supuesto de paralización del expediente por causa imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización, y, de igual manera, no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de incomparecencia en el expediente disciplinario».
Reglamento
El Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas del personal de la Benemérita también contempla en el artículo 41 la suspensión de funciones. Igualmente, se podrá acordar «como consecuencia del procesamiento, de la investigación o de la adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave».
Lo dispuesto en sus artículos 42 a 43 es idéntico a lo recogido en el artículo 92 del Régimen del Personal.
Otro escenario al que se puede enfrentar el DAO, como ocurre con el resto de personal de la Guardia Civil, es la apertura de un expediente disciplinario, que se paraliza mientras no haya una resolución judicial. Una vez que se abre el expediente disciplinario, acto seguido se paraliza, pero se puede aplicar el artículo 54, que son las medidas cautelares y recoge la suspensión durante tres meses, lo que no conlleva pérdida retributiva. Se están dando casos de agentes a los que se les aplican en primer lugar estos tres meses y, cuando finaliza ese periodo, les suspenden durante seis meses, de acuerdo a la Ley del Personal.
La apertura de un expediente al DAO corresponde a su superior jerárquico, que es la directora de la Guardia Civil, pero no puede hacerlo al estar imputada en el mismo procedimiento y tener interés directo, lo que supone un auténtico conflicto de intereses. En este caso, lo normal es que lo asuma la secretaria de Estado, Aina Calvo, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Doble rasero para la cúpula
La suspensión de funciones es lo que ocurre a todos los guardias civiles que son imputados, incluso por actuaciones en acto de servicio, como han recordado este jueves las asociaciones de mandos de la Guardia Civil –Asesgc, UO y APC-GC–, en un comunicado conjunto, exigiendo el cese del DAO y la dimisión de la directora, quien no está sujeta al Régimen del Cuerpo por ser un mando político.
Además, han destacado que, como el artículo 66 del Régimen del Personal permite que a los agentes se les aparte de los procesos de ascenso, «no son pocos los miembros de la Guardia Civil que han sido apartados de sus funciones o son suspendidos sus procesos de ascenso, de condecoraciones, etc., por estas autoridades, al estar incursos en procedimientos penales o disciplinarios, pese a no existir sentencia condenatoria».
Por ello, no entienden ahora que «quienes aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan». Y dada la gravedad de los hechos, y sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia, sostienen que «tanto la directora general como el DAO deberían presentar su dimisión o ser apartados, en coherencia con los mismos principios y criterios que estas autoridades vienen aplicando a los guardias civiles bajo su mando».
En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria. «Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula», subraya esta asociación.
Y hace hincapié en que «la permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la institución y la confianza de sus integrantes».
Los guardias civiles están consternados por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía.
