LOS ÁNGELES, EE.UU. – Los tribunales de inmigración de Estados Unidos han comenzado a implementar las denominadas “mega audiencias”, una modalidad en la que más de cien inmigrantes son citados simultáneamente para responder por sus procesos migratorios. Especialistas consultados por EFE consideran que esta medida busca acelerar las deportaciones y reducir el enorme retraso acumulado en las cortes.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la nueva estrategia adoptada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), organismo que enfrenta un atraso de aproximadamente 3.5 millones de expedientes pendientes hasta marzo de este año.
Crecen las preocupaciones por el debido proceso
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de Práctica y Políticas de AILA, explicó que normalmente las cortes programan entre 20 y 30 personas por audiencia. Sin embargo, con la implementación de los llamados “mega calendarios”, algunos tribunales están convocando a más de cien inmigrantes en una sola sesión.
La experta manifestó serias preocupaciones sobre el impacto de esta práctica en las garantías procesales de los inmigrantes. Según explicó, la rapidez con la que se están programando las citas podría provocar que muchas personas no reciban la notificación correspondiente y, por tanto, sean deportadas en ausencia.
Además, señaló que algunos jueces están desarrollando audiencias colectivas similares a una clase, dirigiéndose simultáneamente a decenas de personas y solicitando respuestas generales para confirmar que comprenden el procedimiento.
Inmigrantes sin abogados, los más vulnerables
Las organizaciones defensoras de migrantes sostienen que la medida afecta especialmente a quienes carecen de representación legal. También advierten sobre posibles dificultades para acceder a intérpretes adecuados y presentar de manera efectiva los argumentos de defensa.
Dojaquez-Torres subrayó que la complejidad de las leyes migratorias estadounidenses puede dejar a muchos inmigrantes en una situación de desventaja, especialmente dentro de procesos masivos donde la atención individualizada es limitada.
A ello se suma que numerosos tribunales de inmigración no cuentan con instalaciones diseñadas para albergar audiencias de gran magnitud, lo que podría generar problemas logísticos y retrasos adicionales.
Estrategia ligada a la campaña de deportaciones
Las cortes de inmigración dependen directamente del Poder Ejecutivo estadounidense y no del sistema judicial federal. Esta estructura permitió a la administración del presidente Donald Trump sustituir a decenas de jueces de inmigración e impulsar cambios orientados a reforzar su política de deportaciones masivas.
Asimismo, el Gobierno flexibilizó los requisitos para ocupar el cargo de juez de inmigración, permitiendo el acceso a abogados sin experiencia específica en derecho migratorio o en el servicio público.
Priscilla Olivarez, asesora de la organización Immigrant Legal Resource Center, afirmó que las audiencias masivas, sumadas a la salida de numerosos jueces, evidencian una estrategia destinada a dificultar que los inmigrantes puedan defender adecuadamente sus casos.
Texas ya aplica las audiencias masivas
Olivarez indicó que el sistema ya opera en varias ciudades de Texas. En Laredo se celebró recientemente una audiencia con más de 70 personas, mientras que en San Antonio se programó una jornada con cien inmigrantes divididos en dos grupos de 50.
Las organizaciones de defensa de los migrantes temen que estas convocatorias generen extensas filas de acceso a las cortes y que algunos casos concluyan con órdenes de deportación antes de que los afectados tengan la oportunidad de comparecer ante el juez.
También persiste la preocupación de que agentes migratorios vuelvan a desplegarse en las inmediaciones de los tribunales para detener a inmigrantes inmediatamente después de sus audiencias, una práctica que anteriormente generó fuertes críticas en varias ciudades estadounidenses.
Las “mega audiencias” surgen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria. Durante 2025, la administración Trump deportó cientos de miles de personas, aunque las cifras quedaron por debajo de la meta de un millón de expulsiones anuales planteada por el mandatario republicano.
