Al menos tres muertes en menos de un año y denuncias por violencia y negligencia médica han puesto en el centro del debate al Campamento East Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas.
Una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la organización de derechos humanos Human Rights Watch y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de vulneraciones a los derechos humanos en esas instalaciones, según informó la agencia Reuters.
La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito del Oeste de Texas, expone palizas propinadas por guardias, condiciones insalubres, atención médica deficiente y el uso frecuente del aislamiento. Las organizaciones solicitan al tribunal que se ordenen mejoras inmediatas en las condiciones del centro, donde actualmente permanecen más de 2.700 personas detenidas.
La acción legal surge después de que una inspección ordenada por el Congreso en febrero detectara 49 violaciones de las normas de detención, incluidas 11 relacionadas con el uso de la fuerza y cinco con la atención médica. Los demandantes sostienen que los detenidos enfrentan exposición a enfermedades como sarampión y tuberculosis, además de maltratos físicos y psicológicos, de acuerdo a Reuters.
Kyle Virgien, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias: “Presentamos esta demanda para garantizar que ningún otro ser humano tenga que soportar este trato inhumano”.
El centro opera en la base militar de Fort Bliss, como parte de la estrategia de detenciones masivas impulsada durante la presidencia de Donald Trump. Desde su apertura, se han registrado denuncias persistentes sobre el trato que reciben los migrantes bajo custodia.
Respuesta de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional negó rotundamente las acusaciones, y aseguró a Reuters que “ningún detenido estaba siendo golpeado, maltratado ni se le negaba atención médica en el campamento”. Además, indicó que hasta el 12 de marzo no se habían registrado casos de sarampión en el campamento, ni un aumento repentino de muertes bajo custodia del ICE en la administración Trump.
Por su parte, el portavoz del ICE defendió los procedimientos de la agencia: “ICE se toma muy en serio la salud y la seguridad de todas las personas detenidas bajo nuestra custodia”, y afirmó que sus estándares de detención superan a los de la mayoría de las prisiones estadounidenses.
Qué relatan los migrantes detenidos
La denuncia recoge testimonios de personas actualmente privadas de libertad en el centro. Erik Iván Rodríguez, inmigrante venezolano, relató que funcionarios intentaron obligarlo a firmar documentos de deportación mediante violencia física.
Gerald Akari Angye, originario de Camerún, también declaró haber sido golpeado por los guardias, según la información de Reuters.
Uno de los episodios corresponde a la muerte de Geraldo Lunas Campos, inmigrante cubano, ocurrida el 3 de enero. Los médicos forenses de El Paso calificaron el fallecimiento como homicidio por asfixia debido a la compresión del cuello y el torso.
En un principio, las autoridades migratorias atribuyeron su muerte a una emergencia médica y luego a un intento de suicidio, pero la demanda sostiene que fue golpeado hasta la muerte tras pedir su medicación para el asma, según documentos citados por la agencia de noticias.
Un cuarto hombre falleció poco después de ser liberado del centro, donde, según la denuncia, se le habría negado tratamiento de quimioterapia para el cáncer.
Qué busca la demanda y cuál es el contexto
La demanda intenta que el tribunal ordene mejoras inmediatas en las condiciones del campamento, que se garantice el acceso a atención médica adecuada y se prohíba el uso indiscriminado del aislamiento y la fuerza. Además, exige la creación de mecanismos de supervisión independientes para evitar nuevas muertes y abusos.
Durante 2025, las muertes bajo custodia de inmigrantes alcanzaron el nivel más alto en veinte años, una cifra que las organizaciones demandantes atribuyen al aumento de detenciones y las políticas de deportación vigentes, detalla Reuters.
