Las próximas elecciones representarían un reto significativo para los partidos políticos en materia de financiamiento, tanto por los recursos que reciben directamente como por aquellos manejados por dirigentes y candidatos.
El proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, aprobado en primera lectura por el Senado, podría impactar las finanzas de las organizaciones políticas mediante restricciones a los recursos que reciben de la Junta Central Electoral (JCE).
La iniciativa incorpora nuevos artículos a la eventual modificación de la Ley de Partidos, No. 33-18, que establece limitaciones al financiamiento público de las organizaciones que incurran en violaciones a la normativa.
Entre las infracciones figura la recepción de contribuciones prohibidas o ilícitas, así como aportes cuya procedencia u origen lícito no pueda ser determinado mediante los procedimientos de debida diligencia y trazabilidad exigidos por la ley y sus reglamentos.
También plantea sanciones al partido que incumpla las obligaciones establecidas en los artículos 60, 63 y 64 de la Ley de Partidos, relacionadas con la identificación y verificación de aportantes, la determinación del aportante final, la trazabilidad de los recursos, el rechazo o devolución de contribuciones ilícitas y el reporte de operaciones inusuales o sospechosas, conforme a las disposiciones reglamentarias de la JCE.
De igual manera, se considerará una infracción el incumplimiento de los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la legislación, referentes a supervisión, organismos y mecanismos de control, presentación y aceptación de informes, publicidad, sistemas contables, registros, conservación de soportes y funcionamiento efectivo de los sistemas internos de control financiero y cumplimiento.
Asimismo, la normativa prohíbe realizar gastos e inversiones no permitidos por la ley o que violen los topes, límites y prohibiciones aplicables al financiamiento y gasto electoral establecidos en la legislación vigente y en las disposiciones reglamentarias emitidas por la Junta Central Electoral.
El partido afectado por una restricción de financiamiento tendrá derecho a presentar su defensa dentro de un plazo razonable para subsanar posibles irregularidades, siempre que pueda demostrar la licitud de los recursos observados.
La Unidad Especializada de Control Financiero de la Junta Central Electoral será la dependencia encargada de realizar las investigaciones preliminares correspondientes.
El proyecto también establece que los fondos retenidos como consecuencia de la aplicación de estas disposiciones serán reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro, conforme al procedimiento que determine la JCE mediante reglamento.
La iniciativa dispone que los partidos deberán aplicar medidas de debida diligencia razonables y proporcionales para evitar la incorporación de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas, mediante mecanismos de control más estrictos.
Entre las medidas contempladas figuran la verificación de identidad y antecedentes, la revisión de listas nacionales e internacionales de sanciones y restricciones, así como la exigencia de declaraciones juradas sobre el origen lícito de los fondos.
Además, se incluyen evaluaciones de riesgo, verificación documental sobre actividades económicas y capacidad financiera, junto con otras acciones compatibles con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.
El proyecto precisa que la aplicación de estas medidas deberá ejecutarse respetando el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes.
La pieza legislativa dispone, además, que los partidos deberán designar un oficial o una unidad de cumplimiento responsable de coordinar las políticas internas de prevención y control establecidas en la normativa.
Entre sus funciones estarán supervisar la implementación de los programas de cumplimiento, recomendar medidas preventivas y correctivas, elaborar informes internos, coordinar acciones de capacitación, canalizar reportes de irregularidades y cooperar con la Junta Central Electoral dentro del marco de sus competencias legales.
Las organizaciones políticas podrán adecuar la estructura y funcionamiento de estas unidades según su tamaño, capacidad operativa y nivel de riesgo.
Asimismo, deberán identificar, evaluar y gestionar riesgos relacionados con el financiamiento ilícito, la corrupción y la infiltración de estructuras criminales en sus actividades y procesos internos.
La propuesta agrega que la Junta Central Electoral podrá coordinar acciones de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio Público y otros organismos competentes, dentro del marco constitucional y legal vigente, con el propósito de fortalecer la prevención y detección de operaciones vinculadas al financiamiento ilícito en la política.
Por tanto, la JCE tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas al financiamiento político, la transparencia, la integridad y el cumplimiento normativo previstos en esta ley y sus reglamentos.
Los partidos deberán designar, mediante sus estatutos, órganos internos responsables del cumplimiento normativo, la prevención de riesgos y la verificación de integridad. Estas estructuras deberán contar con independencia funcional, recursos mínimos y deberes de reporte, conforme a esta ley, los reglamentos de la Junta Central Electoral y demás normas aplicables. Esto implica reforma estatutaria para todos ellos.
En resumen, el proyecto aprobado en primera lectura introduce uno de los esquemas de control más rigurosos planteados para los partidos políticos en los últimos años. La propuesta busca cerrar espacios al financiamiento ilícito mediante mayores exigencias de trazabilidad, supervisión y rendición de cuentas, en momentos en que la transparencia electoral ocupa un lugar central en el debate público.
La posibilidad de restringir recursos públicos a organizaciones que incumplan las normas representa un mecanismo de presión significativo para tratar de fortalecer los controles internos y mejorar la fiscalización de los aportes.
Asimismo, la coordinación entre la JCE, la UAF y el Ministerio Público apunta a crear una red de vigilancia más robusta frente a posibles irregularidades.
No obstante, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad institucional de la JCE para aplicarlas con objetividad, respetando el debido proceso y evitando que los controles se conviertan en herramientas de discrecionalidad política. El debate legislativo definirá el alcance final de una reforma que podría transformar la supervisión del financiamiento partidario en República Dominicana.
