La Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo miércoles un juicio contra la alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid), Antonia Alcázar, hermana de Gertrudis, -secretaria del imputado ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-, y otros tres responsables municipales acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La Fiscalía pide imponer a los acusados la pena de prisión de 3 años, además de multa e inhabilitación de hasta 12 años, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO.
Los hechos se remontan a 2019 y afectan a la entonces y actual alcaldesa, que ha sido arropada en múltiples ocasiones por Zapatero públicamente, al técnico de urbanismo F. R. F.; y a dos concejales, uno responsable de Medio Ambiente, y otro de Urbanismo.
El Ministerio Fiscal señala que los acusados «omitieron de forma deliberada sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y de protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos», pese a las reiteradas denuncias relacionadas con el funcionamiento del establecimiento hostelero El Casón de la Quinta de San Antonio, situado en la calle María Zambrano número 9 de la localidad.
La Fiscalía detalla que el local disponía de licencia para actividad de restaurante, concedida en 2006, pero carecía de autorización para desarrollar eventos en las zonas exteriores, donde presuntamente se celebraban bodas, comuniones, bautizos y fiestas con música de alta potencia, uso de pirotecnia y concentración de personas hasta altas horas de la madrugada, como recoge Ep.
Vaya, vaya… Aquí Zapatero en Velilla de San Antonio apoyando la candidatura de la hermana de María Gertrudis, la secretaria clave en la investigación de su red criminal. pic.twitter.com/Pg80jvM45B
— Juan (@juanLR_r) May 21, 2026
Para el Ministerio Público, el establecimiento habría incumplido de forma reiterada los horarios de cierre previstos en la normativa autonómica, prolongándose algunos eventos hasta las cinco o seis de la mañana. Entre 2019 y 2025 constan numerosas denuncias vecinales y varias intervenciones de la Policía Local. Sin embargo, según la acusación pública, únicamente se incoaron cuatro expedientes sancionadores municipales, todos ellos paralizados y sin resolución definitiva.
De esta manera, la Fiscalía considera que los responsables municipales no ejercieron sus competencias en materia de inspección y disciplina urbanística ni adoptaron medidas cautelares o de restablecimiento de la legalidad, incumpliendo presuntamente la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Por tales hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados tres años de prisión, multa de veinte meses con cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial durante 12 años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales. Asimismo, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados con 4.000 euros.
Auto del juez Calama
La alcaldesa Antonia Alcázar es hermana de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero ya en su etapa en la Moncloa y militante del PSOE de Madrid. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que señala a Gertrudis como «pieza esencial» en la actividad del entramado de Zapatero, imputado en una causa donde concurren delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
Del análisis de los correos electrónicos intervenidos, dice el juez, e desprende que «María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red —también denominada Finance Boutique—, recibiendo instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos recibidos y emitidos por el entramado societario». Cristóbal Cano era el gestor de Julito Martínez Martínez, conseguidor de Zapatero y administrador de Análisis Relevante SL.
El auto del caso Plus Ultra (o ya caso Zapatero) destaca que los correos electrónicos «también permiten inferir que, aunque los mensajes son remitidos formalmente por Gertru, José Luis Rodríguez Zapatero sería conocedor de la operativa financiera desarrollada, dada la centralidad de su oficina, la utilización de su cuenta corporativa y la naturaleza de las instrucciones transmitidas».
Además, los correos muestran que Gertru llega incluso a consultar a Cristóbal Cano -gestor del conseguidor Julito Martínez Martínez- si debe «incrementar los importes de las facturas», comprometiéndose a remitirlas para su firma una vez recibidas las indicaciones: «Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada» (correo de 29.03.2022)».
Este intercambio revela que «la facturación no respondía a una realidad económica efectiva, sino a la necesidad de generar un soporte documental ficticio que permitiera justificar los movimientos financieros de la red», sostiene el instructor.
La ‘offshore’ de Dubái
Junto a ello, Calama apunta que Gertrudis Alcázar habría participado en la constitución de una sociedad offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) tras impartir Zapatero «instrucciones» para ello. Esta empresa Landside Dubai Fzco —también denominada Landside Middle East Fzco—, aparece íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julito Martínez Martínez.
