José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por un caso de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer ex presidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.
Según ha adelantado El Confidencial, la imputación por los delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias ha sido acordada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. La decisión, sin embargo, tiene su origen en una fase anterior de las diligencias sobre Plus Ultra, que en su momento lideró el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en Plaza de Castilla.
Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos que han ido emergiendo a medida que las investigaciones de la UDEF avanzaban. Las averiguaciones apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.
La trama investigada se habría dedicado, según las fuentes consultadas, a captar dinero de origen ilícito para reintroducirlo posteriormente en el circuito monetario. Uno de los implicados es Julio Martínez Martínez, descrito como amigo personal de Zapatero y natural de Elda, en la provincia de Alicante, que habría ejercido de testaferro y que fue detenido en diciembre.
El dinero investigado habría procedido de varias fuentes. Una parte habría salido de empresas españolas que buscaban, según las pesquisas, una línea directa con el Palacio de La Moncloa y con gobiernos extranjeros para obtener contratos públicos, ayudas e información privilegiada.
Otros fondos, de naturaleza más turbia, procederían del saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de programas de alimentos ligados al chavismo.
Para dificultar el rastreo del dinero, los investigados habrían utilizado como vehículo los 53 millones de euros públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, en el contexto de los fondos de rescate aprobados durante la pandemia.
Aquella decisión, que en su momento suscitó una notable controversia política y judicial, ha terminado convirtiéndose en el eje de una causa penal de primera magnitud.
La otra sociedad mercantil señalada en la investigación es Análisis Relevante SL, que habría recibido grandes sumas de dinero de empresas privadas entre 2020 y 2025 por supuestos servicios de consultoría que no han podido ser acreditados. Las investigaciones han determinado que Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cobraron de esa empresa al menos 661.000 euros en ese mismo periodo por supuestos trabajos de asesoramiento y comunicación online.
En las últimas semanas ya se habían conocido nuevas investigaciones judiciales que acorralaban a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. En aquel momento también se informó de que se habían detectado en el extranjero fondos atribuidos al ex presidente del PSOE, así como patrimonio inmobiliario que permanecía oculto a nombre de terceros.
Detenidos en la primera fase
La imputación de Zapatero se produce varios meses después de los primeros arrestos del caso. En diciembre, la UDEF detuvo a varios de los actuales investigados: además de Julio Martínez Martínez, también fueron arrestados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, y el banquero peruano Luis Felipe Baca, entre otros. El abogado Santiago Fernández Lena también está investigado.
La UDEF, unidad policial en la persecución de tramas económicas complejas, ha sido la encargada de conducir las investigaciones desde sus etapas más tempranas, acumulando un volumen de documentación que ha derivado en la imputación del ex dirigente socialista y aún hombre de confianza de Pedro Sánchez.
Con esta imputación, la democracia española ha cruzado un umbral que, durante décadas, pareció intocable: un ex presidente del Gobierno sentado frente a un juez en calidad de investigado. La causa, que sigue abierta y en plena expansión, no ha hecho más que empezar. Lo que tarde o temprano tendrá que responder Zapatero ya no es sólo político. Es judicial.
