La tranquilidad habitual de la comunidad de Hatillo, en San Francisco de Macorís, se quebró de forma abrupta bajo el estruendo de la pólvora de la Policía Nacional.
Todo inició con un despliegue estratégico de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), que otra vez alegó un supuesto enfrentamiento, que culminó con el abatimiento de Anderson Peña, un joven de 27 años cuya sombra pesaba demasiado sobre los registros policiales de la región.
Conocido en el bajo mundo como “El Callao”, Peña no era un desconocido para la justicia. Su nombre encabezaba los carteles de los «más buscados», asociado a una peligrosidad que las autoridades calificaban de extrema.
El rastro de la sangre
La caída de «El Callao» no fue un evento aislado, sino el capítulo final de una persecución que cobró fuerza tras el sangriento incidente del 4 de abril de 2026, pues según la orden de arresto No. 2026-AJ0030485, a Peña se le señalaba como el principal responsable de un ataque que dejó un saldo trágico, con una víctima mortal, identificada como Clemente Navarro y dejó herido de gravedad a Reymi Peña Reynoso.
Desde aquel día, Peña se convirtió en un fantasma que recorría los sectores de San Francisco de Macorís, evadiendo una justicia que finalmente lo acorraló en la periferia de Vista al Valle.
Cuentan en San Francisco que el sujeto era visto a diario, pero que la policía se hacía de la vista gorda.
El escenario tras el tiroteo era de una tensa calma.
Entre el polvo de las calles de Hatillo y el cerco policial, el magistrado Elington Santiago Villar, representante del Ministerio Público, lideraba la escena.
Con la cautela propia de quien maneja un caso de alto perfil, el magistrado evitó caer en conjeturas ante la prensa.
“Estamos a la espera del médico legista para realizar el levantamiento correspondiente y determinar oficialmente la causa de la muerte”, declaró Santiago Villar, subrayando que la investigación apenas comienza para reconstruir la cronología exacta del intercambio de disparos.
Un expediente cargado de plomo
La vida de «El Callao» terminó bajo el peso de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio y la tentativa del mismo, además de violaciones directas a la Ley 631-16 sobre el control de armas.
Mientras los peritos recolectaban casquillos y evidencias en el sector Vista al Valle, el cuerpo de Peña fue preparado para su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
En el barrio, queda el sazon de los disparos y la confirmación de que uno de los nombres más temidos de la zona ha salido finalmente de la lista de búsqueda, no por las esposas, sino por el rigor de un enfrentamiento que muchos veían venir.
