El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, también logra salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno vasco ya le concedió un tercer grado en octubre de 2025, hace menos de un año fue recurrido por la Fiscalía y revocado por el juez de Vigilancia Penitenciaria, pero el Ejecutivo vasco insiste en beneficiarlo.
Este etarra ha sido condenado por numerosos crímenes. Asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellas el niño de dos años Fabio Moreno, así como a policías en presencia de sus hijos, alguno de los cuales no pudo soportarlo y terminó suicidándose. Tiene a sus espaldas condenas que suman 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión.
Además, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al etarra Eneko Gogeaskoetxea Arronategui, quien también tenía revocado el tercer grado. Este etarra tiene condenas que suman 363 años, 29 meses y 15 días de cárcel. De ellas, 92 años de estos años de prisión se le impusieron por matar al ertzaina que frustró el atentado que tenía encargado cometer contra el Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.
Amnistía encubierta
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denuncia que estas decisiones constituyen «una nueva muestra de la amnistía encubierta» que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA.
Para Covite, estos terceros grados vuelven a confirmar que el Gobierno vasco está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo «sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos».
«No estamos ante una política de reinserción, sino ante una política de vaciamiento progresivo de las cárceles de presos de ETA, exactamente en la dirección exigida por la izquierda abertzale en este final de ETA negociado que vivimos desde el año 2011: sin un arrepentimiento sincero ni una desvinculación del entorno social y político que todavía hoy legitima a ETA», denuncia la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en enero de 1995 en San Sebastián
Covite afirma que el hecho de que el Gobierno vasco vuelva a beneficiar a estos etarras con un tercer grado después de que un juez ya corrigiera una concesión anterior, demuestra que «no estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada que sigue las instrucciones de Sortu».
Carácter instrumental de las cartas
«El Gobierno vasco insiste en forzar la legalidad para conceder semilibertades a presos de ETA a pesar de que los tribunales ya le hayan advertido de que no debería hacerlo así», critica indignada Ordóñez.
Asimismo, insiste en denunciar que el Ejecutivo vasco sustente el requisito legal del arrepentimiento en cartas privadas que no van acompañadas de signos públicos y objetivos de desvinculación del entramado político y social que sostuvo a ETA durante décadas y todavía hoy justifica sus crímenes.
En este sentido, Ordóñez subraya que los recientes autos del magistrado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que han dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de su hermano, han confirmado una de las principales denuncias del Colectivo: el carácter puramente instrumental de estas cartas.
Dichas resoluciones judiciales han puesto de manifiesto que, en algunos casos, los escritos de supuesto arrepentimiento se redactan inmediatamente antes de la concesión del beneficio penitenciario, incluso apenas un día antes, lo que evidencia que no responden a un arrepentimiento sincero, sino a una estrategia para acceder a regímenes de semilibertad y cumplir con la apariencia de legalidad de todo este proceso.
«Las víctimas no tenemos por qué creernos cartas privadas redactadas justo antes de obtener un beneficio penitenciario. No se nos puede pedir un acto de fe. Si esas cartas fueran sinceras, serían públicas y vendrían acompañadas de una ruptura inequívoca con la izquierda abertzale por parte del
preso en cuestión», señala Consuelo Ordóñez.
Además, recuerda que la propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del etarra Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no son suficientes si no van acompañadas de «signos inequívocos de desvinculación», tal y como afirmó la propia Audiencia Nacional en su auto.
Varapalo del juez de Vigilancia Penitenciaria
El Colectivo también hace hincapié en que estas dos nuevas concesiones de terceros grados «fraudulentos» se producen en un contexto en el que el Gobierno vasco ha sido corregido recientemente por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en relación con los 100.2 concedidos a Anboto y Carasatorre.
El juez Castro recordó en sus resoluciones que las medidas excepcionales como el artículo 100.2 no pueden utilizarse como atajos para conceder regímenes de semilibertad y que requieren una justificación individualizada, una motivación reforzada y, sobre todo, la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión.
Para Covite, esa misma lógica debe aplicarse a los terceros grados concedidos ahora a Gadafi y a Gogeaskoetxea. «El Gobierno vasco está convirtiendo la excepcionalidad en norma y el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en una trampa. Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos», ha denunciado Ordóñez.
Covite reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra ambos terceros grados y ejerza con firmeza su función de defensa del derecho de las víctimas a la justicia en la fase de ejecución de las condenas.
El Colectivo recuerda que las víctimas no pueden personarse en esta fase, por lo que la Fiscalía es la única institución con capacidad efectiva para impugnar estas decisiones. Cuando la Fiscalía recurre, como ya ocurrió con el tercer grado anterior de Gadafi, el juez de Vigilancia Penitenciaria puede corregir estas decisiones.
Por ello, le exige que actúe también ahora. «Si la Fiscalía
mira hacia otro lado, se continuará consolidando una amnistía encubierta que supone una burla a las víctimas y un mensaje devastador de impunidad», concluye.
