La Knesset israelí aprobó en la madrugada del lunes el presupuesto general del Estado para 2026, un plan de gasto de aproximadamente 850.000 millones de shékels —unos 270.000 millones de dólares— que eleva el gasto en defensa a niveles récord mientras Israel libra una guerra simultánea contra Irán y Hezbollah. La votación concluyó con 62 legisladores a favor y 55 en contra, según informó la Agencia France-Presse.
El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se impuso así a contrarreloj: la ley israelí establece que si el presupuesto no recibe aprobación parlamentaria antes del 31 de marzo, la Knesset se disuelve automáticamente y el país debe convocar elecciones anticipadas en un plazo de tres meses. Las próximas elecciones están fijadas para octubre de 2026.
La partida destinada a Defensa es, con diferencia, la más abultada del presupuesto. Según un comunicado del Parlamento, “como parte del presupuesto actualizado, y a la luz de la Operación León Rugiente, se han añadido más de 30.000 millones de shékels —10.000 millones de dólares— al presupuesto del Ministerio de Defensa, llevándolo a más de 142.000 millones de shékels”. A esa cifra se suman 22.000 millones de shékels condicionados principalmente a las transferencias de ayuda militar estadounidense. En proporción del PIB, el gasto militar israelí ronda el 8%, el más alto desde los años noventa.
El texto presupuestario también fija el techo del déficit fiscal de 2026 en el 4,9% del PIB, cifra superior al 3,9% que figuraba en la primera lectura aprobada en enero. El Banco de Israel había advertido que incluso ese umbral más bajo era excesivo, al impedir una reducción efectiva de la deuda pública. El déficit registrado en 2025 fue del 4,7% del PIB, una mejora respecto al 6,8% de 2023, ejercicio en el que el estallido de la guerra en Gaza disparó el gasto extraordinario.
El proceso legislativo estuvo marcado por semanas de tensión dentro de la propia coalición. Los partidos ultraortodoxos —Shas y las dos facciones de Torah Unida— condicionaron su apoyo al avance de una ley que exime a los estudiantes de yeshivá del servicio militar. Esta exención es uno de los mayores focos de conflicto político en Israel: las fuerzas armadas reclaman más reclutas en un momento de alta intensidad bélica, mientras amplios sectores de la reserva activa denuncian la desigualdad en la carga del esfuerzo militar.
El presupuesto se aprueba en un momento de singular complejidad. Desde el 28 de febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel participan en operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra Irán en el marco de la llamada Operación León Rugiente. En el frente norte, Hezbollah reanudó ataques con drones de bajo costo tras la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, lo que provocó respuestas de la aviación israelí sobre territorio libanés.
La aprobación garantiza por ahora la supervivencia de la coalición, pero los equilibrios que la sostienen —entre los socios ultraortodoxos, la derecha religiosa de Smotrich y el núcleo del Likud— siguen siendo frágiles en un país que afronta a la vez la presión de la guerra, el encarecimiento de la vida y unas elecciones que llegan en menos de un año.
