El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien es investigado por presuntamente gestionar y recibir un soborno de US$10,000 de una persona bajo investigación. La audiencia está pautada para este lunes a las 2:00 de la tarde en la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
De acuerdo con el expediente, la solicitud fue depositada ante la presidencia de la Corte de Apelación para que una de sus salas sea apoderada del caso y fije el conocimiento de la medida. El proceso marca un giro delicado, al tratarse de un funcionario vinculado directamente a la persecución de la corrupción administrativa.
El imputado formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lo que le daba cercanía con altos mandos del órgano acusador. Este elemento ha generado mayor impacto en el caso, al tratarse de un fiscal que tenía bajo su responsabilidad investigar hechos similares a los que ahora se le atribuyen.
Desde el Ministerio Público, las autoridades han reiterado su postura de cero tolerancia frente a la corrupción, sin importar quién esté involucrado. En ese contexto, se advirtió que ningún funcionario será considerado intocable y que los procesos avanzarán hasta las últimas consecuencias.
La investigación está siendo dirigida por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y aseguró que se profundizan las pesquisas para identificar a otros posibles implicados, incluyendo a la persona que habría entregado el dinero.
Por tratarse de un fiscal de carrera, Valdez Alcántara enfrentará dos procesos simultáneos: uno penal y otro disciplinario. Mientras en el ámbito judicial se determinará su responsabilidad penal, en lo administrativo podría ser suspendido y eventualmente destituido, siempre bajo el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.
