El verdadero desafío no es reducir la deuda un par de puntos porcentuales de forma matemática, sino construir una arquitectura fiscal que sostenga el desarrollo a largo plazo sin comprometer estabilidad
En la reciente rendición de cuentas, el presidente destacó como uno de los principales logros macroeconómicos la reducción de la deuda pública consolidada desde el 69.1% del PIB en 2020 hasta 58.5% en 2025. Sin duda, la trayectoria descendente posterior al choque pandémico es una señal positiva. Sin embargo, la discusión fiscal no puede limitarse a comparar el punto más alto de una crisis con el nivel actual. La pregunta de fondo es más estructural: ¿es sostenible el actual modelo de crecimiento bajo la arquitectura fiscal vigente?
Una deuda cercana al 60% del PIB no es, por sí sola, una cifra alarmante en términos internacionales. El problema radica en la capacidad estructural del Estado dominicano para generar ingresos permanentes que permitan financiar inversión pública, programas sociales y servicio de deuda sin recurrir a déficits recurrentes. La presión tributaria del país ronda el 15%–16% del PIB, una de las más bajas de América Latina. Con ese nivel de ingresos, sostener ambiciones de transformación estructural resulta extremadamente desafiante.
El discurso oficial destacó que el déficit fiscal de 2025 fue de 3.45%, alineado con lo presupuestado. No obstante, el equilibrio presupuestario no debe evaluarse solo en términos nominales, sino estructurales. Un déficit cercano al 3% sostenido durante varios años implica acumulación progresiva de deuda, especialmente en un entorno de tasas de interés internacionales todavía elevadas. El verdadero indicador relevante es el déficit estructural ajustado por ciclo económico, una variable que no fue abordada.
Además, una parte importante del gasto público dominicano es rígido: nómina, subsidios energéticos, intereses de la deuda y transferencias sociales. Esto limita el margen de maniobra para reasignar recursos hacia inversión productiva. Cuando más del 70% del gasto está comprometido en partidas difíciles de reducir políticamente, la sostenibilidad fiscal depende casi exclusivamente del crecimiento económico o de nuevas fuentes de ingresos.
Aquí surge una contradicción estratégica: la Meta 2036 plantea duplicar la economía y acelerar la productividad, pero no se ha presentado una reforma tributaria integral que fortalezca los ingresos permanentes del Estado. La modernización administrativa, la lucha contra la evasión y la digitalización son avances importantes, pero no sustituyen una revisión estructural del sistema tributario. Sin ampliar la base y mejorar la progresividad, el Estado seguirá enfrentando restricciones fiscales significativas.
Otro elemento crítico es el costo financiero de la deuda. Aunque la proporción deuda/PIB haya descendido, el servicio de intereses continúa representando una carga considerable dentro del presupuesto. En contextos de tasas internacionales altas, refinanciar deuda puede volverse más costoso. Esto no genera crisis inmediata, pero reduce el espacio para inversión en educación, salud o infraestructura estratégica.
También es relevante analizar la calidad del gasto. La rendición de cuentas enumeró una extensa lista de obras en todas las provincias del país durante seis años de gobierno, lo cual evidencia descentralización territorial. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal no depende únicamente de cuánto se invierte, sino de la rentabilidad social y económica de esa inversión. ¿Cuánto contribuyen esas obras a elevar la productividad nacional? ¿Cuántas generan encadenamientos productivos reales? Sin evaluaciones costo-beneficio transparentes, la expansión del gasto puede convertirse en presión futura sobre las finanzas públicas.
El crecimiento económico, por sí solo, no corrige debilidades fiscales estructurales. De hecho, cuando el crecimiento se desacelera como ocurrió en 2025 con un 2.1%, las vulnerabilidades fiscales se vuelven más visibles. La estabilidad macroeconómica dominicana ha sido una fortaleza histórica, pero esa estabilidad requiere anticipación, no reacción.
No se trata de cuestionar la prudencia fiscal reciente, sino de debatir la coherencia entre metas de desarrollo ambiciosas y capacidad fiscal real. Un país que aspira a transformarse productivamente necesita invertir más en capital humano, innovación, infraestructura logística y transición energética. Todo eso requiere financiamiento sostenible, y el financiamiento sostenible exige reformas estructurales.
En ausencia de una reforma fiscal integral, el modelo actual descansa en un equilibrio delicado: crecimiento moderado, déficit contenido y endeudamiento manejable. Funciona en tiempos normales, pero puede tensionarse frente a choques externos significativos. La economía dominicana es resiliente, pero no inmune.
El debate fiscal que necesita el país no es ideológico, sino técnico: ¿queremos un Estado con mayor capacidad transformadora? ¿Estamos dispuestos a revisar exenciones, ampliar base tributaria y modernizar el sistema impositivo? ¿Cómo garantizamos que la deuda futura financie inversión productiva y no gasto corriente?
El verdadero desafío no es reducir la deuda un par de puntos porcentuales de forma matemática, sino construir una arquitectura fiscal que sostenga el desarrollo a largo plazo sin comprometer estabilidad. Crecer es importante. Crecer con disciplina es imprescindible. Pero crecer con coherencia fiscal estructural es lo que realmente garantiza que las metas de desarrollo no se conviertan en promesas vulnerables.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector.
